Desde hace ocho años, cuando en Coahuila hubo un histórico endeudamiento por 35 mil millones de pesos se abrieron investigaciones oficiales. Una de ellas, la impulsada por la Fiscalía estatal, fue una farsa: no incluyeron la prueba principal. La posibilidad de castigar a los culpables se vino abajo. Esto no fue un yerro cualquiera. Los magistrados que atendieron este caso calificaron como “incomprensibles” esos errores. Esto sucedió durante el gobierno interino de Jorge Torres, del círculo político del controvertido exgobernador Humberto Moreira.
El 4 de noviembre del año 2010 a las ocho de la noche, Humberto Moreira Valdés, entonces gobernador de Coahuila, salió a la pista del Coliseo Centenario, un centro de espectáculos emblemático en Torreón. Los gritos y las porras de las más de ocho mil personas que asistieron a su quinto informe de gobierno eran estruendosos al grado de no dejarlo iniciar su discurso.
La gente ovacionaba al político de 44 años que había ganado las elecciones de 2005 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que gozaba de popularidad entre los coahuilenses.
En esos días, Humberto Moreira presumía un índice de popularidad superior al 95 por ciento, y durante cinco años lanzó múltiples programas sociales como Los Comedores de la Gente, Las Farmacias de la Gente y las Mega Farmacias de la Gente.
Atrás de él una gran pantalla proyectaba su fotografía a medio plano y fondo rojo, el color insignia de su partido. Humberto Moreira estuvo acompañado por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; el gobernador de Puebla, Mario Marín; el de Oaxaca, Ulises Ruiz; el mandatario de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong; y el alcalde de Tepic, Roberto Sandoval. Así como los actores Carmen Salinas y Pablo Montero. La cúpula priista le aplaudía.
Durante su discurso dijo: “¿Cuáles son nuestras fortalezas? Economía diversificada, indicadores superiores a la media nacional, condiciones de bienestar social favorables, incremento en los niveles de inversión y deuda pública manejable. Somos el primer lugar nacional con menor porcentaje de gasto destinado a la deuda”.
Meses después se revelaría otra realidad: que las finanzas del estado estaban sobre endeudadas. Durante el sexenio comprendido de 2005 a 2011, la deuda bancaria del estado se incrementó de 323 millones de pesos a 35 mil millones de pesos. Se elevó casi 109 veces.
Han pasado ocho años de la adquisición de créditos que convirtió a Coahuila en el cuarto estado más endeudado de México y a la fecha se desconoce a detalle el destino del total del dinero y ninguno de los involucrados fue sancionado.
Una investigación apoyada por la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela que desde que se contrajo la llamada “Mega Deuda” se iniciaron nueve denuncias en Coahuila relacionadas con una parte del endeudamiento del estado, pero a la fecha solo se conoce una sentencia, relacionada con la petición de solo mil millones de pesos al banco Santander.
Pero el fallo resultó a favor de dos funcionarios públicos: Enrique Ledezma Sánchez y Juan Manuel Delgado Hernández, trabajadores del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), una de las dependencias que adquirió los créditos.
Información obtenida por MCCI a través de 50 solicitudes de acceso a la información revela que este proceso legal iniciado contra los funcionarios públicos se basó en un delito menor y un documento ilocalizable. También se cometieron omisiones por parte del juzgado donde se llevó a cabo: el Segundo en Materia Penal del Distrito de Saltillo.
A pesar de los dichos de Humberto Moreira que afirman que el dinero se invirtió en obras para el estado, una sentencia judicial revela que no hay constancia de que el dinero adquirido se haya utilizado en infraestructura y fue desviado “con propósitos desconocidos”.
Revelan deuda
Dos meses después del quinto informe de gobierno de Humberto Moreira, y de cara a la elección presidencial del año 2012, el político coahuilense anunció que abandonaba su cargo para buscar la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 4 de enero del 2011, en lugar de Humberto Moreira asumió el cargo Jorge Torres López. El gobernador interino ocupó los puestos de tesorero municipal, contralor, secretario de desarrollo social y secretario de finanzas, todos durante la administración municipal y estatal que encabezó Humberto Moreira.
Jorge Torres mantenía la misma política de gobierno de su antecesor, hasta que el 25 de junio del año 2011 en un encuentro con empresarios de La Laguna, el secretario de Hacienda Ernesto Cordero reveló que Coahuila tenía una deuda de alrededor de 30 mil millones de pesos.
Las declaraciones de Ernesto Cordero fueron respaldadas el 30 de junio del 2011 cuando el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Coahuila realizó una conferencia de prensa para informar que el estado no solo había incrementado la deuda pública, sino que una parte del total se obtuvo con documentos falsos.
Cinco meses después, la Procuraduría Fiscal de la Federación confirmó lo dicho por el PAN en Coahuila y reveló que cinco mil millones de pesos habían sido obtenidos con documentos falsos. Al día de hoy ha sido posible para las autoridades del estado comprobar que, de dicha cifra, solo mil millones de pesos fueron obtenidos con documentos apócrifos.
Las autoridades mantuvieron bajo reserva el expediente penal 76/2011, sobre el juicio que inició la Fiscalía de Coahuila por la adquisición de mil millones de pesos con documentos falsos.
A través de solicitudes vía transparencia y un litigio ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, MCCI obtuvo en marzo de 2019 la sentencia del único proceso penal que a la fecha ha concluido a nivel estatal. El documento revela que fue la Fiscalía General de Coahuila a cargo de Jesús Torres Charles, la que recabó las pruebas. Este Fiscal fue nombrado por el mismo Moreira en 2009.
Mientras que Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia del Estado designado por Rubén Moreira en el año 2012, fue quien le dio continuidad a la investigación en contra de los involucrados.
En la sentencia se lee que la adquisición ilegal de mil millones de pesos se hizo a través de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del gobierno de Coahuila (CEAS) y el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), por medio de un crédito solicitado ante el banco Santander el 28 de marzo de 2011 en la Ciudad de México.
Para obtener este crédito, el banco y la Ley de Deuda Pública del Estado tenían como requisito la aprobación del Congreso local mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial de Coahuila.
De acuerdo a la sentencia, el titular de la CEAS y el subadministrador de Políticas Financieras del SATEC, Fausto Destenave Kuri y Enrique Ledezma Sánchez, respectivamente, se presentaron en el banco. Destenave fue a firmar el crédito que debía incluir como anexo el supuesto decreto número 476 para cubrir este requisito.
En la denuncia presentada por el PAN a la que se tuvo acceso, se observó que este documento aún no existía y el verdadero decreto 476 fue publicado hasta el 19 de abril del 2011, pero no es sobre la deuda, si no una ratificación como cuarta regidora del Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, de Deyanira de la Cruz; es decir que los servidores públicos falsearon información para obtener mil millones de pesos en créditos bancarios.
