Un grupo de periodistas se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México por la condena de 10 millones de pesos (535,000 dólares) contra el periodista y académico Sergio Aguayo.
Encabezados por los experimentados periodistas Humberto Musacchio y Jorge Meléndez, unos 50 profesionales de la información se apostaron frente a la Corte mexicana, en pleno centro histórico de la Ciudad de México.
«Protestamos por la injusta, desproporcionada y muy probablemente corrupta sentencia contra el colega Sergio Aguayo», dijo Musacchio a medios ante esta polémica decisión judicial, a la que el periodista se amparó tras depositar una fianza de 450,000 pesos (unos 24,100 dólares).
«La decisión nos afecta a todos los que ejercemos la libertad de expresión y afecta a la sociedad porque se le priva de lo que decimos los periodistas cada día», añadió.
La demanda contra Aguayo fue interpuesta por «daño moral» por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira (2005-2011), quien en una columna del 2016 fue calificado de corrupto por Aguayo.
Hace una semana, la Primera Sala de la SCJN asumió la atracción del amparo directo promovido por Aguayo, contra la sentencia de una sala del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México al considerar que «la condena a la reparación del daño moral a Moreira viola la libertad de expresión».
«El Poder Judicial está en deuda con la sociedad mexicana», señaló Musacchio y recordó que sobre algunos ministros pesan acusaciones de corrupción.
Los periodistas dirigieron un documento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los ministros de la Suprema Corte, al Congreso mexicano y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, para que se manifiesten contra dicha sentencia.
En tanto, Meléndez pidió al Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México investigue al magistrado Francisco José Huber Olea Contó, quien dictó la sentencia contra Aguayo, por la cantidad de autos de lujo y objetos de arte que posee y que se investigue su origen.
El 20 de enero de 2016 el académico y periodista Sergio Aguayo publicó una artículo de opinión en el periódico Reforma y replicada en otros diarios del país donde hablaba de la actuación de Moreira.
«Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana», escribió Aguayo sobre Moreira, quien fue en 2011 presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Según Moreira, Aguayo escribió ese texto para «ofender, insultar, calumniar y propinar injurias», lo que atentaba contra sus «sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación».
En 2013, se supo que Moreira residía en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), localidad a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo en octubre de 2012, al parecer a manos de presuntos miembros del cartel de Los Zetas.
Moreira fue detenido en España, en enero de 2016, por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y otros delitos.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó la investigación el mismo 2016 al no hallar indicios de que blanqueara en España dinero procedente del narcotráfico o de la corrupción, decisión que fue después confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
No obstante, el mismo juez reabrió la investigación contra Moreira en 2018.
La semana pasada distintas organizaciones señalaron que este tipo de demandas es recurrente, cada vez más, por funcionarios públicos para inhibir la actividad de los periodistas.
El caso de Aguayo, que lleva meses en el candelero, ha trascendido más allá de México y, por ejemplo, en octubre de 2019, cuando ya hubo una primera sentencia millonaria -que también fue apelada- contra el periodista, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró «exorbitante y desproporcionada» la cifra.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) expresó también su preocupación e instó a aprobar con «urgencia» el marco normativo de protección al derecho al honor y la reputación.
La decisión de la Primera Sala del Supremo es el primer paso para que el asunto sea finalmente atraído y resuelto por el máximo tribuna mexicano si bien el asunto podría también regresar al tribunal colegiado.
