Coahuila. – Luego de que el Gobierno Federal anunciara que está próximo a publicarse un acuerdo conjunto entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud sobre el manejo de los cuerpos de las personas que hayan fallecido por COVID-19, considerando improcedentes las cremaciones pues estas interferirían con la Ley de Víctimas, el gobierno de Coahuila emitió un comunicado para señalar su postura.
En el documento, el Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, José María Fraustro Siller, puntualiza que esta medida ya está contemplada en el decreto para el manejo seguro y disposición de cadáveres por COVID-19, publicada desde el pasado 7 de abril.
En el Capítulo 1, artículo 2 del decreto se señala: “En caso de que el cadáver no sea reclamado por ninguna persona o no porte identificación alguna, se deberá proceder conforme a la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos aplicables”
A su vez, la Ley de Desaparición de Personas de Coahuila dice en su artículo 68: “Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados, no pueden ser incinerados, destruidos, desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias”.
Esta medida está contenida en el artículo 128 de la Ley General de Desapariciones, la cual dice que los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias.
Por tanto, declaró el funcionario, el decreto estatal “no contradice ni contraviene” la Ley General ni local en la materia. Sin embargo, el secretario de Gobierno puntualiza que el gobernador Miguel Ángel Riquelme tiene toda la disposición para “perfeccionar el marco de actuación sobre este tema a los estándares que mejoren la práctica de los Derechos Humanos.”
