Coahuila. – Autoridades de todos los órdenes de gobierno deben trabajar unidos para garantizar el cuidado de físico y de salud mental de las personas de adultas mayores que se encuentran en casas de cuidado siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Congreso del Estado aprobó de manera unánime un punto de acuerdo propuesto por el Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (GPUDC) donde exhorta para que el Instituto Coahuilense de Adultos Mayores en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y la Delegación del INAPAM.a priorizar la atención de apoyos, servicios de salud a adultos mayores en Coahuila y habilite líneas de apoyo exclusivas para adultos mayores en temas referentes como su cuidado, salud mental, trámites, programas y beneficios, acompañamiento y recomendaciones de cuidados físicos y psicológicos específicos a familiares y cuidadores.
El documento promovido por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares y el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor destaca la importancia de atender a un sector como son los adultos mayores que en mayor situación de vulnerabilidad ante los diversos padecimientos ocasionados por su edad avanzada.
“Gracias al trabajo de los científicos sabemos que es una de las poblaciones más vulnerables ante el COVID-19 debido a lo endeble del sistema inmunológico, a las complicaciones que presentan su cuadro médico y lo agresivo que puede ser virus.”. explicó la legisladora.
De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades quienes tienen mayor riesgo son personas mayores de 65 años, que viven en un hogar de ancianos o en un establecimiento de cuidados a largo plazo y personas afectaciónes como: enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave, afecciones cardiacas graves, personas con su sistema inmunitario deprimido, con obesidad grave, diabetes, enfermedad renal y hepática.
Guerrero Cázares destacó que en Coahuila casi 300 mil personas son adultas mayores y tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 3.7% y la situación de vulnerabilidad de la población de personas adultas mayores se agudiza con esta pandemia, por lo que familias, cuidadores y autoridades deben redoblar esfuerzos de garantizar su salud e integridad.
El punto de acuerdo donde se solicitó que las autoridades correspondientes brinden directrices para el cuidado integral desde la integridad, salud física y mental de los adultos mayores fue aprobado de forma unánime.
La legisladora de la región carbonífera argumentó que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la situación de vulnerabilidad de más de 76 millones de personas mayores que viven en la región, la cual se ha visto seriamente agravada por el COVID-19, debido a un nivel de riesgo mayor, por su susceptibilidad al contagio y le preocupa específicamente los altos índices de infección, ingresos en hospitales y mortalidad de personas mayores registrados en el último mes.
También reconoció cada acción en este sentido que ha realizado el gobierno federal, estatal y los municipios, pero advirtió es necesarios sostenerlas y ampliarlas.
