Los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos delitos de corrupción, al mantener un modus vivendi inexplicable y porque sus movimientos bancarios no coinciden con sus ingresos.
De acuerdo a las investigaciones que acaba de iniciar la UIF y a las que Milenio tuvo acceso, el sistema financiero detectó movimientos irregulares en las cuentas bancarias de los cuatro ex legisladores, cercanísimos a Felipe Calderón y que en su momento crearon un movimiento de “senadores rebeldes”.
Aunque las indagatorias de la UIF no están vinculadas necesariamente con el caso Odebrecht, Cordero y Lavalle también aparecen en la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como presuntos responsables de recibir fuertes sumas de dinero para aprobar la reforma energética.
Con Cordero, Gil, Lozano y Lavalle bajo investigación paralela, actualmente se hallan en la mira de las autoridades una media docena de calderonistas que en el sexenio de Felipe Calderón fueron parte de su círculo íntimo, incluidos Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, así como Salvador Vega, ex secretario de la Función Pública, mencionado en el affaire Lozoya como otro de los legisladores beneficiados de un esquema de extorsión.
Aunque las indagatorias de la UIF en el caso de los “senadores rebeldes” apenas comenzaron, entre los hallazgos más relevantes detectados en el sistema financiero se encuentra el caso de Roberto Gil Zuarth, de quien se emitió una alerta por haber realizado movimientos por más de 31 millones de pesos en un solo día; la fecha se reservó como parte del proceso.
Lo anterior, a decir de la Unidad, “resulta inexplicable” pues no tiene ningún ingreso que supere esta cantidad o que acredite dichos movimientos.
En el caso de Javier Lozano, los ingresos fiscales que reporta son sus ganancias como senador y asesor.
La alerta para la UIF se centra en la asesoría que brinda a una empresa que, de acuerdo al sistema financiero, tiene movimientos irregulares por más de 370 millones de pesos y que también resultan inexplicables.
Actualmente Cordero asesora a los gobernadores de Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí en el esfuerzo que impulsó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para incrementar la competitividad y el crecimiento de esa región.
Su sueldo saldría de aportaciones equitativas de todos los estados, explicó en ese momento el gobernador queretano Francisco Domínguez y quien también aparece en la lista de presuntos beneficiarios con los sobornos del gobierno priista.
Hasta este momento, la UIF no ha encontrado un vínculo en el sistema financiero entre Gil, Cordero y Lozano con las investigaciones en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Milenio también confirmó que tras ser exhibidos en un video recibiendo fajas de billetes, la UIF ya comenzó a investigar a Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado de la República y a Guillermo Gutiérrez Badillo ex secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.
