Funcionarios del gobierno federal indicaron una vez que se obtuvo el mandamiento judicial por parte del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, se comenzarán los trámites para realizar la petición ante las oficinas centrales de Interpol, en Lyon, Francia.
La petición es ante la presunción de que el gobernador decida salir, o ya haya salido del país.
El delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, motivo por el cual un amparo no puede frenar la captura de alguna persona señalada por ese ilícito.
Los funcionarios federales aseguran que la orden de captura sí se puede ejecutar contra el mandatario estatal, pese al debate que existe si mantiene fuero o no, luego de que el Congreso de Tamaulipas no quiso homologar la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados.
Hace unos días, Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional interpuesta por el Congreso tamaulipeco donde reclamó una invasión de competencias.
En su acuerdo, el ministro puntualiza que se puede ejercer acción penal contra el mandatario estatal una vez que termine su mandato.
Lo anterior propició que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, presentara un recurso de reclamación. En las próximas semanas, el ministro Javier Laynez Potisek presentará un proyecto de sentencia donde deberá determinar si es fundado o no el recurso de la FGR.
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador de Tamaulipas, para que la FGR pudiera ejercer acción penal en su contra por el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos.
No obstante, la FGR pidió la captura por delitos diversos, es decir, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
