Suena cumbia en la radio de la patrulla mientras avanza por la autopista entre una manada de tráileres y camiones de carga. De pie y armados con fusiles R15, tres policías vigilan la carretera desde la parte de atrás de la pick-up. Van pasando los kilómetros y lo poco que se pone a tiro es alguna vaca pastando entre los campos de cactus, señoras vendiendo tacos en las áreas de descanso y un muchacho con chaleco naranja que mueve una banderita para avisar que están arreglando el pavimento y conviene bajar la velocidad. La patrulla pisa el freno pero los fusiles siguen apuntando.
Durante el trayecto realizado por EL PAÍS el último miércoles de junio a bordo del coche policial, la autopista que conecta Monterrey con Nuevo Laredo podría pasar por cualquier otra carretera de México. Como tantas otras veces, debajo de la aparente normalidad se esconden los demonios de la violencia. En los últimos meses, casi un centenar de personas han desaparecido en los apenas 200 kilómetros que separan la capital de Nuevo León, nodo industrial mexicano, con la ciudad fronteriza de Tamaulipas, foco rojo del crimen organizado.
Las fiscalías de ambos estados han abierto 65 carpetas de investigación, mientras las asociaciones de familiares denuncian 109 desaparecidos. Más de 70 desde enero: camioneros, conductores de Uber, turistas, familias con niños. No hay un patrón claro, tampoco ha habido llamadas de rescate pidiendo dinero a las familias y unas 30 personas ya han aparecido. En sus relatos, según los testimonios recogidos por las asociaciones, cuentan que fueron interrogados y maltratados antes de ser liberados.
Uno de los testimonios, al que ha tenido acceso EL PAÍS, habla de un “cuartito en el que hay mucha gente, incluidos niños”. Continúa con “golpes, preguntas y un taco al día para comer”. Otro de los relatos, proporcionado por la Policía estatal de Nuevo León, especifica el caso de una familia a la que les encontraron durante el interrogatorio unas fotos con rifles de caza. “Antes de liberarlos, les obligaron a llamar a su familia para que les enviaran fotos con los permisos de armas para caza”, revela una fuente policial.
Con estos indicios, las autoridades descartan la hipótesis del secuestro y apuntan a una cacería emprendida por una banda del crimen organizado en busca de miembros de un grupo rival. Mientras que entre los familiares vuelven a aparecer los fantasmas de los peores años de la guerra contra el narco, cuando los ataques indiscriminados contra la población se volvieron moneda común. La presión de las asociaciones ha logrado que desde la semana pasada se intensifique la seguridad con un dispositivo especial del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal en la que ya ha sido bautizada como “la carretera de las muerte”.
El recorrido de este diario con la policía termina a mitad de camino, en el kilómetro 100. A la altura Sabinas Hidalgo, un municipio de poco más de 100.00 habitantes en la periferia de Monterrey. Aquí se perdió la pista de Gladys Pérez y sus dos hijos, 16 y nueve años. Era el 13 de junio y regresaban por carretera a Texas después de visitar a la familia. La intervención del FBI, por tratarse de tres ciudadanos estadounidenses, dio más visibilidad a las denuncias acumuladas y colocó los reflectores sobre la autopista hacia la frontera.
“Somos la maña”
Este miércoles, otra familia hacía un descanso en la vía de servicio de Sabinas. Tienen una cita en Texas para revalidar la visa estadounidense. “Pensamos en no venir y retrasar la cita pero al ver que anunciaron el dispositivo esta semana decidimos hacer el viaje”, cuenta Aarón Treviño, un ingeniero informático de 39 años. Han parado aquí porque lo que les resta de camino ya no piensan detenerse por seguridad. “Según entremos en Tamaulipas iremos ya todo derecho sin mirar a los lados”, añade el padre junto a su esposa, su hija y sus suegros.
Para la entrada en Tamaulipas quedan apenas 50 kilómetros. Ahí comienza el auténtico territorio comanche, según todos los testimonios. El 13 de febrero, un empresario de Monterrey de 65 años, que prefiere guardar el anonimato, volvía en coche con su familia desde Houston después de ponerse la vacuna contra la covid. Al entrar en Nuevo Laredo y enfilar la carretera, una camioneta sin placas les cortó el paso: “Se bajó un hombre armado y nos dijo: ‘Somos la maña. Tienen que colaborar con 600 dólares’”. La familia juntó el dinero y a cambio el individuo les entregó un papelito con unos números: “Si te paran más adelante, les dices que ya cooperaste”.
El episodio ilustra el grado de penetración e impunidad del crimen en la ciudad fronteriza con Texas. “Es tal el pánico que ya nadie viaja en coche. Tengo un amigo con cáncer que debe ir cada pocos meses a Houston. Ha decidido no volver a viajar”, añade el empresario. La autopista es la principal arteria comercial por tierra desde la capital industrial de Monterrey con la frontera estadounidense. Los camioneros y el resto trabajadores que diariamente cruzan al otro lado no tienen otra opción. “Andamos con más miedo pero hay que chambear. Procuramos viajar de día y si ves algo raro, pues, para qué te vas a meter en broncas”, cuenta antes de subir al tráiler Francisco Ruiz, 32 años.
Los familiares de los desaparecidos, algunos por más de dos meses, repiten la expresión “es como si se los hubiera tragado la tierra”. Verónica López es la esposa de Rigoberto Mata, un trabajador de la aplicación de transporte Didi que dejó de contestar al teléfono el 23 de abril después de salir muy pronto a un servicio en la carretera. “Pusimos la denuncia en la Fiscalía pero nadie nos explica nada, se echan la bolita entre ellos y seguimos sin saber nada”, cuenta por teléfono.
Para las asociaciones de familiares, algunas nacidas hace ya más de una década durante los peores años de la llamada guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón, se repite también la indefensión y el desamparo con la excusa de respetar la competencia de cada Estado. Tras días de plantón ante la Fiscalía de Nuevo León, el viernes un grupo de familiares viajó escoltado hasta las dependencias de Tamaulipas para reunirse con el fiscal. “Son concesiones que nos hacen para que bajemos las críticas. Sigue sin haber resultados ni información clara sobre los operativos”, apunta Angélica Orozco, portavoz del colectivo Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León
En la opacidad y la confusión del nuevo escenario también está incluida la identificación de los grupos criminales. “Antes sabías que eran unos u otros. Ahora no está claro ni eso. Parece que hay muchos subgrupos”, añade Orozco, que vivió el pico de violencia de finales de la década de los 2000. El narco llegó a Nuevo León por la onda expansiva de la pugna por la codiciada frontera de Tamaulipas entre el cartel local del Golfo y las ambiciones del cartel de Sinaloa. Todo se complicó más tras la aparición de los sanguinarios Zetas, en guerra contra todos.
En el nuevo mapa del crimen organizado del noroeste, el núcleo continúa siendo Tamaulipas, que en las últimas semanas ha vivido episodios límite y que acumula hasta cinco gobernadores encarcelados o denunciados por colaboración con el narcotráfico. Pero caídos los capos históricos, las grandes organizaciones se han desmembrado en una galaxia de pequeños satélites y escisiones que multiplican los incendios. De acuerdo a la fiscalía de Nuevo León, hasta seis grupos operan en su territorio. Desde los remanentes del Golfo, escisiones de los Zetas y el nuevo grupo criminal con aspiraciones hegemónicas: Jalisco Nueva Generación.
Las cifras de asesinatos en Nuevo León permanecen en línea con los últimos años, pero junto al foco rojo de la carretera se acumulan las malas señales. Hace tres meses, uno de los capos del cartel de Golfo, Evaristo Cruz Sánchez, El Vaquero, que controlaba la ciudad fronteriza de Matamoros, fue detenido en Monterrey. Hace dos semanas, un grupo de hombres armados irrumpió a tiros en un concierto dejando al menos tres muertos y siete heridos. Escenas que no se veían desde los años de plomo. Y la Comisión Nacional de Búsqueda anunció el mes pasado que los cuatro estados del noroeste —Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Durango— concentran alrededor del 20% del total de personas desaparecidas en el país.
