Entre las personas que son ya consideradas prófugas de la justicia están Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
También se ordenó la captura de Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y de Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
Todos son señalados de pertenecer a una estructura criminal que se creó ex profeso en la pasada administración, para presuntamente desviar miles de millones de pesos del erario público. Por ello, son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Autoridades federales confirmaron que los mandamientos judiciales fueron librados por Iván Zeferín Hernández, juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Las fuentes consultadas explicaron que las órdenes fueron solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las pesquisas que lleva a cabo por el desvío de al menos 3 mil millones de pesos.
