El coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, acusado de ordenar ejecuciones extrajudiciales, fue relevado del cargo de comandante de los Dragones Urbanos del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo.
Ramírez Canchola arribó a la ciudad fronteriza el 16 enero de 2020; al finalizar la toma de protesta del mando dijo a los medios: «Respetaremos en todo momento los derechos humanos de la ciudadanía».
Sin embargo, la operación del Décimo Sexto Regimiento ha sido cuestionada por las familias de víctimas que murieron en operativos militares, cuyos casos se encuentran en denuncias e investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El general Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la Octava Zona Militar, tomó la protesta al coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, quien estuvo fue comandante del Noveno Regimiento de Caballería Motorizada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Al igual que Ramírez Canchola, el coronal Grimaldo Muñoz dijo: ‘conforme a las instrucciones del mando supremo del señor presidente de la República, las órdenes que tenemos es el respeto irrestricto, a los derechos humanos y la aplicación del uso racional de la fuerza’.
FGR investiga ejecuciones extrajudiciales durante mando de Canchola
La Fiscalía General de la República mantiene abiertas dos carpetas de investigación por ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el mando del coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola.
El primer hecho, donde acusan al mando militar, ocurrió el 3 de julio. El diario El Universal difundió un video donde se observa a militares rodeando una camioneta pick up, cuando una persona levanta la cabeza. Uno de los uniformados grita: «¡Está vivo!». Y otro contesta, «¡mátalo a la verga!». Ese día 12 civiles presuntamente delincuentes murieron, informó la Sedena.
El enfrentamiento se dio cuando un convoy militar patrullaba y un grupo de civiles armados les disparó, de acuerdo con la versión que comunicó el Ejército. El soldado que iba a cargo de la ametralladora de una de las camionetas grabó con su cámara reglamentaria el hecho.
Además, del anterior caso, el periodista Alberto Pradilla publicó en Animal Político la presunta ejecución extrajudicial de cinco personas el pasado 14 de agosto en la colonia Nueva Era de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Familiares de las víctimas interpusieron denuncias tras ser informados de la muerte de sus allegados. Al parecer, se trataba de civiles armados que fueron perseguidos por los elementos castrenses.
Tras un tiroteo, al menos dos de ellos habrían sido capturados con vida y posteriormente asesinados por los militares. Las víctimas son Uriel García Lerma, Erik García Lerma, Marcos Alejandro Moreno, Juan Alberto Luevanos Orona y Juan Jesús López Tinajero.
Los familiares señalaron directamente al coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, a quien responsabilizan de dar la orden de acabar con la vida de los sobrevivientes. Durante los días posteriores a los hechos circularon en redes sociales varios audios en los que, supuestamente, se escucha al militar ordenar las ejecuciones de los heridos.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de agosto en la colonia Nueva Era, una zona cercana al aeropuerto internacional de Nuevo Laredo. Allí se produjo una persecución entre los elementos de Sedena y civiles armados que viajaban en una camioneta. Testigos presentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo aseguraron haber visto la persecución y cómo las víctimas estaban vivas en el momento en el que llegaron los militares. «Estaban vivos. los militares los hincaron, les quitaron las armas y los comenzaron a matar», dijo una mujer en un video filmado por el comité.
«Los militares vinieron a mi casa, me amenazaron, me insultaron para que no hablara sobre estos hechos, pero yo no me voy a quedar callada y voy a decir lo que pasó y a mí no me van a ver la cara de mensa», añadió. «Los muchachos ya se habían rendido, no llevaban ni armas», declaró otro hombre que presenció los hechos y cuyo testimonio también fue aportado por la organización de defensa de los derechos humanos.
Al parecer, los civiles armados chocaron la camioneta en la que viajaban y fueron capturados por los uniformados, que acabaron con la vida de todos ellos. Todos los testimonios coinciden en una misma versión: los jóvenes fueron perseguidos y atrapados por elementos militares. Posteriormente les obligaron a hincarse de rodillas y les dieron un tiro de gracia.
«Quiero justicia. Dicen que los mataron en lugar de detenerlos, yo hubiera preferido que lo hubieran detenido a que lo hubieran matado, ya que él era trabajador», declaró María Guadalupe Tijanero Uribe, abuela de Juan Jesús López Tinajero.
Tras las denuncias presentadas por los familiares, la FGR abrió la carpeta FED/TAMP/NVO.LAR/0001719/2021 que busca esclarecer lo ocurrido.
No es la primera ocasión en la que se registran denuncias por ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo. El comité de Derechos Humanos tiene documentados al menos diez casos de asesinato a manos del ejército. Esta es la primera ocasión en la que se documenta que las víctimas eran civiles armados. Habitualmente, la Sedena ofrece una compensación económica a las familias de las víctimas para evitar que ellos presenten denuncias. Ahora, sin embargo, no hay constancia de que el Ejército haya contactado a los allegados de los fallecidos.
