Al anunciar el paso de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en julio pasado que su gobierno no compraría autos nuevos para funcionarios públicos.
Los funcionarios le dan la vuelta al presidente al rentar vehículos nuevos, incluso, está por concretarse un arrendamiento millonario mediante una licitación para hacerse de los servicios de más de 30 mil vehículos, entre ellos, 500 camionetas SUV de las marcas Suburban, Tahoe, Grand Cherokee, Ford Explorer y Mazda CX-9.
Sin embargo el presidente ya traía este discurso desde inicio del sexenio, donde incluso puso en rifas y subastas diversas camionetas blindadas del gobierno federal.
En mayo el mandatario no contó con la opción de renta de vehículos nuevos y de lujo.
Por eso en febrero de 2020, la Secretaría de la Función Pública lanzó una licitación para rentar un vehículo con blindaje nivel 3 para uso de esta dependencia.
La dependencia solicitó entregar la unidad el 15 de febrero de 2020 para ser utilizado hasta el 31 de diciembre. Arrendomóvil de México SA de CV ganó esta licitación con el contrato DC-499-2020 y propuso brindar este servicio con un pago de $1,662.66 pesos diarios (IVA incluido), en apego a las características que solicitó la Función Pública.
“Un automóvil SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) modelo 2015 en adelante, blindaje nivel de resistencia 3 o similar, para 5 pasajeros, kilometraje máximo de 75 mil kilómetros, con aire acondicionado, color gris, plata, negro o blanco. El blindaje solicitado se utiliza comúnmente para prevenir robos y asaltos y se considera como un blindaje promedio entre sus usuarios”, se detalla en el documento.
Sin embargo, esta dependencia no es la única que ha rentado autos blindados para sus funcionarios. En 2014, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero –organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– también solicitó la renta de un vehículo con blindaje nivel 3 o equivalente, a través de la gerencia de servicios generales.
El pasado 7 de agosto, se publicó que tras la promulgación de la Ley de Austeridad Republicana, dependencias del gobierno federal optaron por solicitar a la Secretaría de Hacienda la compostura mecánica de los vehículos blindados que heredaron de administraciones anteriores, para continuar con su uso.
No obstante, algunas dependencias como la Guardia Nacional sí compraron autos blindados para sus funcionarios y justificó su uso en materia de seguridad.
Este es el resultado de la revisión a un promedio de 30 contratos relacionados con el tema; el denominador común en la mayoría es que Hacienda aprobó recursos para estos gastos en algunas dependencias; mientras que los órganos autónomos como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica o Casa de Moneda lanzan sus propias licitaciones.
La Ley de Austeridad Republicana, que se promulgó en 2019 por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, prohíbe la compra de vehículos nuevos para funcionarios; pero no especifica el de autos blindados. No obstante, tras ganar la elección el ahora mandatario aseguró que serían eliminados; e incluso, en los primeros meses de su administración, subastó un lote de ellos.
