La médica también fue emitida contra Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala
Ciudad de México.- Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, por su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Enrique Beltrán Santes, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, también sujetó a proceso penal al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por los probables delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Fuentes federales indicaron que José Luis Abarca y Pineda Villa fueron señalados por el testigo protegido con nombre clave “Juan”, quien es el ex jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, y que aseguró que el matrimonio brindó protección a la organización criminal.
Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó como datos de prueba los testimonios de la testigo colaboradora con nombre clave “Karla”.
Explicaron que estos son los únicos testigos que han señalado a la pareja de tener nexos con el grupo criminal. Mientras que, contra Felipe Flores, han declarado alrededor de 20 testigos en el sentido de que el ex funcionario también otorgaba protección a Guerreros Unidos.
La decisión del juez Beltrán Santes fue notificada anoche a la FGR y a la defensa de los indiciados. En esta nueva causa penal 15/2022, la FGR tomó declaración de al menos 20 testigos protegidos.
Parte de la investigación que consignó la FGR está contenida en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
La semana pasada, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, determinó que no existen elementos para vincular a José Luis Abarca en el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dentro de la causa penal 66/2015.
De acuerdo con la investigación que inició la entonces Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Abarca y su esposa ordenaron el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con el propósito de que no “sabotearan” el informe de labores de esta mujer.
Según la “verdad histórica” impulsada por la PGR en la pasada administración, Gildardo López Astudillo fue quien informó, a través de un mensaje celular, al jefe absoluto de la citada agrupación criminal, Sidronio Casarrubias Salgado, el conflicto que se había suscitado en Iguala el 26 de septiembre, con la llegada de normalistas a bordo de varios autobuses.
López Astudillo atribuyó los actos al grupo de Los Rojos, motivo por el cual Sidronio Casarrubias creyó que se trataba de gatilleros enemigos y aprobó las acciones para defender su territorio; eso propició que se llevaran a los normalistas al municipio de Cocula, donde fueron asesinados, según declaraciones de otros sicarios.
