La ley SB-4 le permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera, lo que ha generado preocupaciones sobre discriminación racial.
La decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito es considerada una victoria para los derechos de los inmigrantes y evita que la ley se aplique mientras se determina su constitucionalidad.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), uno de los grupos demandantes, ha destacado la importancia de esta decisión.
El tribunal de apelaciones de Nueva Orleans escuchará los argumentos el próximo miércoles 3 de abril, centrándose en la exclusividad del Gobierno federal en asuntos migratorios. La decisión actual mantiene bloqueada la entrada en vigor de la SB-4 mientras el caso sigue litigándose.
El Departamento de Justicia de EU ha argumentado que la SB-4 viola la autoridad federal y crearía caos en la frontera, mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, critica la política migratoria del presidente Joe Biden.
Si la ley entrara en vigencia, las policías estatales, de condado y locales estarían autorizadas para detener, encarcelar y procesar a los migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
La SB-4 también convierte en delito menor el ingreso irregular, con penas de hasta seis meses de cárcel, y permite a los jueces estatales ordenar el regreso de los migrantes a México.
Los críticos han advertido que la implementación de la ley podría conducir a la discriminación racial, separación de familias y daño a comunidades afroamericanas y latinas en todo el estado.