En el acuerdo de culpabilidad firmado por Ismael El Mayo Zambada, se contempla que los bienes y recursos económicos incautados en Estados Unidos no sean devueltos al capo, sino que se canalicen en beneficio de la población más necesitada.
De acuerdo con lo establecido en el documento judicial, los montos millonarios obtenidos por el decomiso de propiedades y cuentas deberán destinarse a programas de apoyo social, con el objetivo de revertir parte del daño ocasionado por las actividades del narcotráfico.
El planteamiento subraya que los fondos podrían dirigirse hacia comunidades vulnerables, como una medida de reparación y justicia, en línea con la política de recuperación de activos promovida por las autoridades estadounidenses en casos de delincuencia organizada.
