Una investigación de la Fiscalía General de la República expuso una compleja red de huachicol fiscal liderada supuestamente por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. La estructura criminal utilizaba nepotismo y corrupción al infiltrar personas de confianza en aduanas estratégicas, facilitando el contrabando de combustible con documentación falsa.
El caso revivió tras el asesinato, en noviembre de 2024, del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien había denunciado públicamente la red. Según fuentes, su muerte fue una represalia por sus denuncias ante su tío, el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
Hasta ahora han sido detenidas 14 personas, entre ellas marinos, exfuncionarios de aduanas y empresarios. Las incautaciones más significativas incluyen:
10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas
8 millones de litros de gasolina en Ensenada, Baja California
Se calcula un daño fiscal de alrededor de 97 millones de pesos, aunque estimaciones señalan una afectación anual de hasta 177 mil millones por este tipo de operaciones ilegales.
