A dos años de la entrada en operación del Tren Maya, un informe reciente advierte un incremento significativo de la violencia en diversas comunidades de la península de Yucatán.
El documento reúne testimonios de habitantes, trabajadores, productores agropecuarios, activistas y personas cuyos terrenos fueron atravesados por la vía férrea. Los relatos coinciden en que la llegada de mano de obra externa y el crecimiento acelerado de actividades económicas alrededor del proyecto han detonado nuevas dinámicas delictivas.
El informe señala que en varias zonas se ha registrado un aumento en el consumo de drogas, prostitución, conflictos comunitarios y la presencia de grupos criminales que disputan territorios. Esta situación, que anteriormente estaba focalizada en puntos específicos, ahora se extiende a comunidades que eran consideradas pacíficas.
También se mencionan afectaciones como agresiones físicas, amenazas, disputas por recursos naturales y la expansión de economías ilegales vinculadas al narcotráfico y al tráfico de armas y personas.
El reporte alerta sobre el impacto social en comunidades mayas y advierte la necesidad de atender de manera urgente las consecuencias derivadas de las transformaciones que el proyecto ha generado en la región.
