Piedras Negras, Coahuila.- A pesar de que el gobierno estatal asegura que la seguridad para las mujeres es una prioridad y que Coahuila se ha posicionado entre las entidades con mayor cobertura de atención para este sector, en Piedras Negras persiste la polémica por la permanencia de un regidor acusado en asuntos de índole sexual y de omisión de manutención.
Se trata de Juan Carlos Álvarez, regidor del Partido del Trabajo en el Ayuntamiento de Piedras Negras, quien, según denuncias presentadas, enfrenta un proceso por presunta agresión sexual y una querella por falta de manutención interpuesta por una mujer que sostiene que su hija habría nacido como producto de dicho abuso.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha señalado públicamente que la seguridad de las mujeres es un tema prioritario para el estado y que se trabaja diariamente en políticas de atención y prevención. No obstante, en el ámbito municipal de Piedras Negras el caso ha puesto en evidencia una aparente discrepancia entre las políticas estatales y las decisiones del cabildo local.
Juan Carlos Álvarez continúa integrado en varias comisiones municipales, entre ellas Gobernación y Reglamentación, Simas, Transporte Público y, de manera más polémica, la comisión de Seguridad. La comisión de Gobernación y Reglamentación es la facultada —en términos municipales— para analizar la posible separación de un regidor de sus comisiones o proponer medidas como la suspensión; sin embargo, activistas reprochan la falta de resolución o de acciones claras por parte del cabildo, sobre todo del regidor Ricardo Muzquiz, quien encabeza dicha comisión.
Ciudadanos también acusan a Juan Carlos Álvarez de desidia en algunas responsabilidades: señalan que en la comisión del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) asiste solo por intereses puntuales, que acumula más faltas que asistencias durante la administración y que en la comisión de Transporte Público solo participa cuando se requieren votaciones que, según estas fuentes, estarían condicionadas por intereses económicos. Estas afirmaciones provienen de denuncias ciudadanas y de líderes de opinión locales.
Hasta el cierre de esta edición no se había registrado una postura oficial ni del regidor Ricardo Muzquiz, que preside la comisión de Gobernación y Reglamentación, ni del Ayuntamiento de Piedras Negras respecto a la continuidad de Álvarez en las comisiones ni sobre las denuncias en su contra. Organizaciones civiles y colectivos por la defensa de los derechos de las mujeres han solicitado al cabildo actuar conforme a derecho.
El caso pone en relieve la tensión entre las políticas estatales de protección a las mujeres y las prácticas municipales, y plantea la urgencia de mecanismos claros para atender denuncias contra servidores públicos y garantizar que quienes ocupen puestos vinculados a la seguridad cumplan con estándares éticos y legales. En caso contrario, el regidor Juan Carlos Álvarez —quien enfrenta un proceso penal—, según señalamientos, parecería contar con protección legal.
