Estos casos de tráfico humano involucran casas de seguridad en Monterrey y Piedras Negras.
Eagle Pass, Texas. — Un ciudadano extranjero extraditado desde México se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por su participación en una organización internacional dedicada al tráfico de migrantes, la cual habría introducido ilegalmente a miles de personas de distintos países a territorio estadounidense a cambio de millonarias ganancias.
De acuerdo con documentos judiciales, Efraín Zúñiga García, de 38 años de edad, formó parte de una estructura de tráfico de personas que operó entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023. La organización facilitó el ingreso clandestino de migrantes procedentes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
Las investigaciones señalan que la red mantenía casas de seguridad en Monterrey, Nuevo León, y en Piedras Negras, Coahuila, donde los migrantes permanecían temporalmente antes de ser trasladados hacia la frontera.
Según las autoridades estadounidenses, Zúñiga García era responsable de operar una de las casas de seguridad en Monterrey y coordinar el movimiento de migrantes junto con otros integrantes de la organización. Posteriormente, los indocumentados eran entregados a guías conocidos como “coyotes”, en Piedras Negras, Coahuila, quienes los cruzaban hacia Estados Unidos a través del río Bravo.
La investigación identificó como uno de los principales operadores de la organización a Enil Edil Mejía Zúñiga, un ciudadano hondureño en situación migratoria irregular, quien dirigía diversas operaciones logísticas y financieras. De acuerdo con su declaración, la red logró introducir entre 2,500 y 3,000 migrantes en un período de dos años.
Las autoridades estiman que la organización cobraba entre 6,500 y 12,000 dólares por persona, obteniendo ganancias que oscilarían entre 16 y 30 millones de dólares.
Mejía Zúñiga fue sentenciado a 10 años de prisión en julio de 2025, mientras que otra implicada en el caso, Mónica Hernández Palma, recibió una condena de 41 meses de prisión en mayo de 2026.
Zúñiga García se declaró culpable de conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos, transporte de migrantes con fines de lucro y colaboración en actividades de tráfico de personas. Aunque aún no se ha fijado una fecha para la sentencia, enfrenta una pena mínima obligatoria de tres años de prisión.
En sus declaraciones, el inculpado mencionó una red de corrupción con corporaciones del estado de Coahuila, del Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración, principalmente en Piedras Negras, para que no se les molestara.
Agregó que la ruta desde Monterrey a Piedras Negras se hacía de noche, pagando sobornos a filtros, tanto de la policía como del Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración.
La investigación fue encabezada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Del Río, con apoyo de diversas agencias federales, entre ellas la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y autoridades mexicanas que colaboraron en su captura y extradición.
El caso continúa bajo proceso en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.
