Jorge Luis González, exdirector del periódico independiente Tribuna, a la izquierda, y el periodista Lorenzo Chim Caamal conducen el programa Expediente en Campeche, México, el jueves 17 de septiembre de 2026.
Associated Press
CAMPECHE, México — Políticos y jueces intentan cada vez más cercar las libertades de prensa en México, lo que genera preocupación entre los grupos de defensa del periodismo.
En 2025 se presentó una nueva demanda contra periodistas o medios de comunicación cada seis días en México: 69 casos en total, el triple que el año anterior, según Artículo 19, una organización que vigila la libertad de prensa.
Los políticos han descubierto que las demandas son “una forma mucho más eficaz de silenciar a la prensa porque dan la impresión de legalidad”, afirmó Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas.
Antes, los críticos se silenciaban con dinero; ahora, con demandas.
Tribuna, un diario de 50 años de antigüedad en el sureste del estado de Campeche, se convirtió en el medio insignia durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el estado durante casi un siglo.
Luego, Layda Sansores, del partido gobernante Morena, ganó la elección para la gubernatura en 2021, y las cosas cambiaron rápidamente.
Retiró de Tribuna la publicidad gubernamental, que era necesaria para que el periódico pudiera seguir publicándose. Inició su propio programa de televisión para promover su administración y denigrar a periodistas, entregando premios al estilo Óscar —llamados el “Pinocho de Oro”— a los periodistas que consideraba los mayores “mentirosos”.
Tribuna publicó columnas arremetiendo contra ella, y esas columnas a veces iban más allá de su política. Las críticas se intensificaron con ataques específicos por razón de género y ataques homofóbicos. Luego, en 2024, Tribuna, asfixiada por la falta de ingresos, dejó de imprimirse, aunque continuó publicando en línea, incluidos artículos mordaces contra Sansores.
Sansores respondió con varias denuncias civiles y penales contra Jorge Luis González, quien fue su editor durante tres décadas y continúa como colaborador, alegando daño moral, violencia política de género y discurso de odio.
A mediados de 2025, uno de los casos penales de Sansores contra González llevó a jueces a prohibirle ejercer el periodismo durante dos años e imponer que un censor judicial revisara los artículos de Tribuna antes de su publicación en línea. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa denunciaron enérgicamente la decisión, al sostener que la censura previa es inaceptable y advertir que la resolución podría sentar un precedente.
González señaló que apeló de inmediato las medidas y que un juez las suspendió temporalmente mientras se emite un fallo definitivo del caso.
Sansores ha negado perseguir o censurar a la prensa y afirma que sus demandas son para proteger a las mujeres. No respondió a solicitudes de comentarios.
Varios reporteros locales dicen que ella también cambió la forma en que las autoridades intentan controlar a la prensa. Ahora los funcionarios de Campeche les frenan con demandas, comentó Ronny Aguilar, periodista local y creador de contenido digital.
