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9 de octubre de 2026
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Factores ambientales obligatorios: quién vigila que fraccionamientos no dañen la fauna en Coahuila

Acciones que pueden prevenir desastres naturales en el futuro son desechados por autoridades

Piedras Negras, Coahuila.- En Coahuila, la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PROPAEC) son las instancias encargadas de verificar que los desarrollos inmobiliarios —fraccionamientos y conjuntos habitacionales— no afecten la fauna ni el entorno ecológico regional.

La Subsecretaría de Gestión Ambiental evalúa y dictamina las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). Según la normativa estatal, todo proyecto inmobiliario debe presentar y obtener la aprobación de la MIA antes de iniciar obras. En ese estudio se analizan los impactos sobre la fauna silvestre y se fijan condicionantes obligatorias: medidas de mitigación, compensaciones y, en algunos casos, la preservación de hábitats críticos o la entrega de especies vegetales para restauración.

La PROPAEC es el órgano de inspección, vigilancia y sanción. Si un fraccionamiento se construye u opera sin la autorización ambiental correspondiente o incumple las condicionantes de su resolución, la PROPAEC es la instancia a la que deben acudirse las denuncias y la autoridad que puede imponer sanciones y ordenar medidas correctivas.

A nivel regional, la SMA mantiene delegaciones en la Región Norte —que incluye municipios como Piedras Negras y Acuña— y coordina con las direcciones de ecología municipales y con PROPAEC para desplegar inspecciones en campo que verifiquen el respeto a corredores biológicos, áreas de anidación y otros hábitats de especies nativas. No obstante, especialistas y organizaciones civiles denuncian que estas acciones no se han aplicado de forma consistente en administraciones pasadas ni en la actual, y atribuyen la falta de fiscalización a un conflicto político entre el gobierno estatal y el municipio de Piedras Negras que ha dificultado operativos conjuntos.

Especialistas consultados señalan que la revisión técnica de la MIA y la fiscalización presencial son pasos clave para evitar la pérdida de biodiversidad y para reducir riesgos asociados a la urbanización desordenada. Además, advierten que condicionantes ambientales bien aplicados pueden disminuir impactos futuros sobre infraestructura y población, como las inundaciones.

Acciones que pueden prevenir desastres futuros
Entre las medidas concretas que autoridades, desarrolladores y municipios pueden implementar para reducir riesgos y proteger la fauna están:

• Exigir y revisar rigurosamente la MIA antes de otorgar licencias, con especial atención a los impactos hidrológicos.
• Verificar la factibilidad hídrica y la capacidad del sistema de drenaje antes de autorizar proyectos.
• Restringir construcciones en corredores biológicos, humedales y zonas de inundación.
• Diseñar drenajes pluviales sostenibles: zonas de infiltración, canales de escorrentía, áreas verdes y sistemas de captación de lluvia.
• Evitar la impermeabilización excesiva mediante pavimentos permeables y techos verdes.
• Restaurar y conservar vegetación nativa en franjas de protección alrededor de cuerpos de agua.
• Realizar estudios geotécnicos e hidrológicos detallados para dimensionar redes y obras.
• Fortalecer la fiscalización y aplicar sanciones efectivas ante incumplimientos.
• Promover la participación ciudadana y disponer canales accesibles para denuncias y seguimiento.

Como ejemplo de crecimiento urbano sin la debida planificación, especialistas citan la formación de colonias como Vista Hermosa, Argentina y Malvinas, así como la proliferación de fraccionamientos recientes en distintos puntos de la ciudad, que, dicen, evidencian la necesidad de controles ambientales y de servicios desde la etapa de proyecto.

Se solicitó comentario a autoridades estatales y municipales sobre el presunto conflicto que ha limitado inspecciones y sobre las medidas concretas para aplicar las recomendaciones; hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Mientras tanto, expertos insisten en que la coordinación institucional y la aplicación estricta de la normativa ambiental son indispensables para que el desarrollo urbano sea compatible con la conservación y la seguridad de la población.

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