Piedras Negras, Coah. — Tras la polémica generada por su reacción a una pregunta sobre someterse a un examen toxicológico, el alcalde Jacobo Rodríguez González se realizó este jueves una prueba rápida de orina en un laboratorio de la ciudad, cuyos resultados negativos fueron entregados en aproximadamente cinco minutos.
Rodríguez González difundió imágenes de la prueba a través de sus redes sociales, aliados y afirmó que el examen no se aplicó “para darle gusto” a la oposición, sino para frenar los ataques hacia su persona y al gobierno municipal y “así ir cambiando la narrativa”.
La decisión de realizar la prueba de orina despertó escepticismo entre ciudadanos y usuarios de redes, quienes señalaron que ese tipo de exámenes rápidos representan un grado menor de fiabilidad y pidieron que, de realizarse análisis, fueran sorpresivos y en laboratorios de mayor confianza. “Los exámenes a los servidores públicos deben de ser sorpresivos; no es cuando la persona lo decida”, señaló un comentario difundido en redes. En la ciudad se mencionó que ni el laboratorio Valdés —considerado por algunos como el de mayor confiabilidad local— ni la Secretaría de Salud fueron elegidos para esta prueba.
El mandatario municipal invitó también a Lorenzo Menera, gerente del SIMAS Piedras Negras, a someterse a la prueba. Menera acudió a la convocatoria, pero, se realizó un análisis de sangre en lugar de la prueba de orina, método que es considerado por algunos como más efectivo y con mayor credibilidad para detectar consumo reciente de sustancias.
Sobre la confiabilidad de las pruebas, los especialistas señalan que los test rápidos de orina pueden detectar sustancias como alcohol, cannabis, cocaína, anfetaminas y otras drogas, pero suelen requerir confirmación mediante análisis más completos. Además existen otros métodos, como la prueba de cabello, que permiten identificar consumo durante periodos de tiempo más prolongados que la orina o la saliva.
El episodio se da en un contexto de presión mediática y crítica pública a raíz de la controversia inicial, y plantea nuevamente el debate sobre los protocolos para aplicar exámenes toxicológicos a servidores públicos: su obligatoriedad, la forma de aplicación (sorpresiva o programada), el tipo de muestra y los laboratorios autorizados para emitir resultados con validez y transparencia.
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