La cámara de senadores aprobó ayer reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero.
Los cambios aprobados en el legislativo, con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, se da en un contexto marcado por los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas.
El dictamen avalado busca reforzar la coordinación interinstitucional para investigar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los cambios más relevantes, se amplía el objeto de la ley para incluir el financiamiento al terrorismo, se introducen nuevas definiciones clave —como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta— y se obliga a las entidades que realicen actividades vulnerables a identificar, monitorear y reportar transacciones sospechosas.
El dictamen aprobado persigue mejorar la colaboración entre la Secretaría de Hacienda, la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Establece facultades para que participe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en la supervisión de las actividades vulnerables y exige a las entidades del sector financiero utilizar sistemas automatizados para el continuo monitoreo de sus operaciones con clientes de alto riesgo.
Asimismo, amplía de cinco a diez años el plazo de conservación de documentación relevante y permite auditorías proporcionales al nivel de riesgo.
