Coahuila es primero a nivel nacional en prácticas de tortura contra mujeres privadas de la libertad en los Ceresos del estado, según el informe realizado por más de un centenar de organizaciones civiles de México, y que fue presentado ayer ante la relatoría del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.
Dentro de las 100 páginas que conforman el informe se indica, con información del INEGI y de World Justice Project, que hasta el 2016 al menos el 38 por ciento de las mujeres en cárceles de Coahuila habían sido torturadas con golpes o violencia sexual.
La misma problemática se replica en Tabasco y Chihuahua, entidades que ocupan los primeros lugares junto con Coahuila, donde se ha registrado que el 31 por ciento y el 20 por ciento de las internas, respectivamente, han sido torturadas de alguna manera durante su detención o en su estancia cumpliendo una condena.
De acuerdo con lo documentado por las organizaciones civiles en el informe alternativo, la tortura sexual a mujeres incluye: violaciones, amenazas, tocamientos, descargas eléctricas en glúteos y/o genitales, e incluso a nivel nacional se documentó un caso de mutilación genital.
“La tortura sexual viene acompañada de la reproducción de estereotipos y roles de género, abusos verbales referentes a la sexualidad de las mujeres (…) y el uso de la tortura a mujeres para humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan (por ejemplo, obligarlos a firmar confesiones)”, indican los organismos.
En ese sentido, el informe rescata que el análisis del World Justice Project junto con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, revelan que estos ataques de tortura contra mujeres presas en todo México han sido en un 41 por ciento provocados por la Secretaría de Marina; el 21 por ciento por el Ejército; otro 13 por ciento por policías investigadores y lo mismo para policías federales; y por igual un 10 por ciento en policías estatales y municipales.
Se destaca que en 2015 Coahuila, junto con los estados de Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Sonora, y Michoacán, fueron los que registraron mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por casos de tortura.
El informe alternativo que se presentó ante la relatoría y los representantes del Estado Mexicano en Ginebra, es parte de la sesión 66 del Comité Contra la Tortura, que revisa cada siete años la implementación de las políticas públicas del país y los tratados internacionales en el tema.
El documento, que ya está disponible en la página de la ONU, fue preparado por más de un centenar de organizaciones civiles del país, entre las cuales se encuentran Fray Juan de Larios, Casa del Migrante, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y la organización Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, de Coahuila.
