En un discurso a la nación al término de un Consejo de Ministros extraordinario, consideró que el país vive un momento “difícil” y confió en poder garantizar la “continuidad” del Estado.
El estado de sitio, que la legislación haitiana plantea en principio para un periodo inicial de 15 días, sitúa a las Fuerzas Armadas como máximas garantes de la seguridad e implica la instauración de tribunales militares. También abre la puerta al control de los medios de comunicación, según un reciente análisis del periódico Le Nouvelliste.
En este sentido, Joseph instó a todas las partes a unirse a esta misma “batalla” para que “gane” la democracia, en un aparente intento por evitar el vacío de poder que podría generarse tras la ausencia de un jefe de Estado y la falta de renovación del Parlamento.
El artículo 149 de la Constitución estipula que en caso de ausencia del presidente “por dimisión, destitución o en caso de incapacidad física o mental permanente”, corresponde al Consejo de Ministros, “bajo la presidencia del primer ministro”, ejercer el poder ejecutivo hasta la elección de un nuevo jefe de Estado.
La Carta Magna, pendiente precisamente de renovación, estipula un plazo de entre 60 y 120 días para avanzar en el cambio de mandatario, si bien establece una excepción, en el caso de que el presidente estuviese en su último año -como es el caso de Moïse- la Asamblea Nacional podría reunirse para elegir a un mandatario de forma “provisional”, informa Haiti Libre.
El asesinato se produjo dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre en las que Moïse no participaría. Sin embargo, el presidente había convocado para esa fecha un referéndum para la aprobación de una nueva Constitución, que le valió las críticas de la comunidad internacional.
A mediados de abril renunció el gobierno, debido a la crisis política y de inseguridad que atraviesa el país. Lo anterior, ante la presión creciente de diversos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, crítica con una “dictadura del secuestro” que se ha traducido recientemente en el rapto de varios religiosos.
El presidente haitiano, Jovenel Moïse gobernaba por decreto por la ausencia de un Parlamento electo y luego de que la oposición acusara que su periodo como presidente había expirado en febrero de este año, ya que se habían cumplido cinco años desde que accedió al poder en 2015 unas elecciones consideradas fraudulentas, que se repitieron en 2016.
Moïse respondió que oficialmente el plazo había comenzado a correr tras las elecciones de 2016, por lo que tenía derecho a seguir en el puesto hasta febrero de 2022.
