El Ministerio Público expuso indicios que señalan al exfuncionario por el probable delito de ejercicio abusivo de funciones.
Múzquiz, Coahuila.- El extesorero municipal de Múzquiz, Víctor Manuel “N”, fue sometido a arraigo domiciliario y al uso de un brazalete electrónico por orden de un juez de control, como medida cautelar dentro del proceso penal que enfrenta por presunto desvío de recursos durante la administración encabezada por Tania Flores.
La audiencia inicial, en la que participa la Fiscalía Anticorrupción del Estado, forma parte de una investigación desarrollada en Saltillo y Sabinas, donde se han llevado a cabo diversas diligencias. De acuerdo con la fiscal Karla Samperio, el expediente integra varias denuncias relacionadas con posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entre 2022 y 2024.
El Ministerio Público expuso indicios que señalan al exfuncionario por el probable delito de ejercicio abusivo de funciones, específicamente en adquisiciones, arrendamientos y administración de fondos municipales. Por ello, el juez consideró necesario implementar el arraigo y el monitoreo electrónico para garantizar su disponibilidad durante el proceso.
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El brazalete, supervisado por la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), opera mediante geolocalización y permitirá detectar cualquier intento de evasión. En la diligencia no se presentaron excolaboradores de la administración pasada ni figuras políticas vinculadas a su gestión. Víctor Manuel “N” se presentó asistido por un abogado de oficio.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó además que existen al menos seis exfuncionarios más bajo investigación y con órdenes de aprehensión por hechos similares, todos relacionados con la misma administración municipal.
En Sabinas, el extesorero también rindió declaración dentro de otro procedimiento por presunto desvío de fondos. El caso continúa en integración, a la espera de testimonios y documentación adicional.
Las audiencias de vinculación y las siguientes etapas procesales se desarrollarán en las próximas semanas, periodo en el que se definirá si el extesorero enfrentará juicio formal.
