Familias de víctimas reclaman que caso de la masacre de Allende se revise a nivel federal, por el “conflicto de intereses” existente en el estado.
Por Agencias
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) sigue eludiendo investigar la masacre de Allende, Coahuila, a pesar de haberse comprometido a ello en reiteradas ocasiones.
La última ocurrió en marzo de 2019, cuando se cumplían ocho años de los sucesos en los que sicarios de Los Zetas arrasaron el municipio y secuestraron y asesinaron a un número todavía indeterminado de personas. Entonces, el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, dijo ante familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil que la Fiscalía atraería el caso de Allende y el del penal de Piedras Negras, fuertemente vinculado. Puso una fecha tope: un mes a más tardar. Han transcurrido casi tres años y todavía no hay una sola carpeta atraída.
Animal Político solicitó por transparencia a la FGR los expedientes de la investigación de la masacre, que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de marzo de 2011.
“No fue posible advertir expresión documental con las características de un expediente de investigación a cargo de esta Fiscalía General de la República, iniciado por los hechos acontecidos 18 al 20 de marzo de 2011, en el Municipio de Allende, Estado de Coahuila, y que hayan sido catalogados como violaciones graves a derechos humanos”, respondió la FGR, que señaló que la investigación está en manos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), según consta en la recomendación 10VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Animal Político consultó con la FGR y con la Fiscalía estatal, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Durante los últimos años, diversas autoridades plantearon la posibilidad de que investigadores federales se hicieran cargo del expediente, pero a día de hoy eso no ha sucedido. De hecho, en agosto de 2019 hubo una reunión en la que estuvo presente, entre otros, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en la que también se llegó al compromiso de la atracción, sin resultados hasta el momento.
Lo más cerca de que la FGR encabece esta investigación fue la apertura en 2018 de una carpeta en la antigua Seido, la fiscalía especializada en crimen organizado. Se trata de la carpeta FED/SEIDO/UEIDCS-CDMX/0000624/2018. Sin embargo, esta no pasó de recibir la recomendación de la CNDH y no hay constancia de mayores movimientos.
Las familias de las víctimas llevan años pidiendo que sea la FGR la que atraiga el expediente ya que consideran que las autoridades de Coahuila no están capacitadas para investigar unos hechos que salpican a antiguos funcionarios.
“Hay avances, con órdenes de aprehensión y sentencias. Pero está contaminado”, dijo Ariana Denisse García Bosque, representante legal de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas en la que se integran familiares de algunas de las personas desaparecidas en aquellos sucesos.
Por el momento la investigación ha señalado a integrantes del crimen organizado, concretamente de Los Zetas, y policías municipales de Allende, así como custodios del penal de Piedras Negras. Sin embargo, queda pendiente la investigación sobre la cadena de mando y las responsabilidades políticas de aquellos sucesos, que tuvieron lugar durante el gobierno del priista Rubén Moreira. “Hay un conflicto de intereses en la investigación”, afirma.
Además, las investigaciones están plagadas de irregularidades, según García Bosque, que considera que las autoridades estatales no están capacitadas para investigar sus propias negligencias.
Recuerda la abogada cómo a las familias les entregaron urnas con cenizas y luego el propio gobernador reconoció que no fue posible encontrar restos. “Era tierra del lugar de los hechos”, explica.
La última reunión mantenida entre autoridades y familias tuvo lugar el pasado 3 de diciembre. En ella, sin embargo, no hubo novedades sobre avances en la investigación o en la reparación de las víctimas, otro asunto que está todavía pendiente.
La masacre tuvo lugar entre los días 18 y 20 de marzo 2011 en el municipio de Allende, Coahuila. Aquel día, sicarios a bordo de camionetas irrumpieron en el municipio para arrasarlo como castigo por una traición que llevó a la DEA a acercarse a algunos de sus líderes. Destruyeron viviendas y un número indeterminado de personas (entre 45 y 300, según versiones) fue desaparecido.
Las víctimas vinculan estos hechos con el penal de Piedras Negras, convertido en centro de exterminio a cargo de Los Zetas. Actualmente faltan 7 órdenes de aprehensión por ejecutar y ya han sido condenados algunos responsables. Sin embargo, la investigación por las responsabilidades políticas queda pendiente. La FGR se comprometió con las familias pero, a día de hoy, sigue sin iniciar pesquisas.
