Acusan a autoridades de ocultar información
TAMAULIPAS.- En el 2014, la señora María Isela Valdez y su hijo Roberto Quiroga-Flores Valdez, de 28 años, se asociaron en un negocio: un pequeño restaurante en el que el joven fungía como chef, y su mamá como ayudante en la cocina.
“Mi hijo tiene una licenciatura en gastronomía, y nuestro negocio estaba a una cuadra de las oficinas de la Policía Ministerial y de los juzgados (en Reynosa, Tamaulipas), así que nosotros les vendíamos de comer a jueces, a secretarias y a policías”, narra María Isela.
No era un negocio con el que estuvieran haciéndose ricos, recuerda, pero les permitió vivir dignamente, un corto tiempo.
“Al poco rato llegó el crimen organizado, y empezó a pedir ‘cuota’ a todos los negocios que había en Reynosa, incluido nuestro restaurante: nosotros teníamos que pagar 30 mil pesos al mes, o sea, mil pesos diarios, por concepto de ‘seguridad’”, continúa.
Además, destaca, el crimen organizado les cobraba 5 mil pesos extra al mes, por estar conectados a la red de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que, en total, la extorsión ascendía a 35 mil pesos mensuales.
“Al principio nosotros pagamos, para que no nos fueran a hacer daño, pero cuando las personas tienen miedo, se paralizan: ya no puedes trabajar, ya no puedes dormir, ya no descansas… ya no vas a tu trabajo con la alegría con la que solías hacerlo, así que decidimos cerrar el negocio, porque yo no quería que ellos me siguieran quitando el producto de mi trabajo, y mi hijo ya estaba muy desgastado, muy asustado”, asegura María Isela.
Con la decisión de cerrar su restaurante perdían no sólo su fuente de empleo, sino también su patrimonio pero, aún así, señala María Isela, ella y su hijo pensaron que con ese sacrificio romperían la cadena de extorsión al que los mantenía sometidos. No fue así.
Semanas después, “yo estaba fuera con mi hijo, era el 10 de marzo del 2014, y mi nuera nos llama, para decirnos que necesitaba pañales y leche, porque acababan de tener un bebito, su segundo hijo… Nosotros primero fuimos por los pañales y la leche, y luego para la casa, y cuando llegamos, ya estaban ahí varios autos: un Corvette rojo, con placas mexicanas, una camioneta Tahoe negra, y varias camionetas más, todos con gente armada, y encapuchada”, narra María Isela.
Ese grupo de personas armadas obligó a madre e hijo a abordar los vehículos en los que se transportaban, y se los llevaron consigo.
“Luego a mi hijo y a mí nos separaron. Yo estuve cautiva 28 días, durante los que me golpeaban. Perdí varias piezas dentales. Y luego me dieron la libertad… el delincuente me dijo que tenía que conseguir 5 millones de pesos”, recuerda.
María Isela fue abandonada en una carretera de Tamaulipas, descalza. Sus captores le ordenaron retirarse la venda de los ojos sólo hasta que escuchara que se habían alejado.
El 13 de mayo del 2014, dos meses después del secuestro y tres semanas después de haber sido liberada, María Isela recibió una llamada, en la que los captores le reclamaban que no hubiera vuelto con los 5 millones de pesos que exigían por la vida de su hijo, y le advertían que, en represalia, Roberto había sido entregado a un delincuente identificado como “Loquillo”.
Los captores contactaron a la familia dos veces más, primero para hacerles llegar una foto de Roberto, sometido y encañonado por el delincuente, y luego una nota en la que les avisaban que Roberto había sido asesinado y sus restos arrojados en una zona conocida como Las Calcheras.
“El próximo mes, el 10 de marzo del 2019, se van a cumplir cinco años de que desaparecieron a mi hijo, y hasta la fecha sigo esperando que las autoridades empiecen a buscarlo. Pero en realidad yo no estoy esperando a las autoridades: yo empecé inmediatamente mi propia investigación, hice 37 rastreos en esa zona, cada vez con más participantes, porque se me fueron acercando otras mamás que también buscaban a sus hijos e hijas, y desde entonces hemos encontrado muchos restos humanos en esas búsquedas. Eso fue lo que nos llevó a descubrir unas fosas en la ribereña, con 500 cadáveres”, lamenta Maria Isela.
La funeraria
En el 2017, al grupo de madres buscadoras de Reynosa, Tamaulipas, se acercó una mujer, empleada en un establecimiento del municipio vecino de Miguel Alemán.
Camino a su trabajo, esta mujer pasaba todos los días frente a una funeraria de dicho municipio, en la que siempre veía cadáveres arrojados ante su puerta de entrada, sin que a nadie de la localidad pareciera ya extrañarle.
Con esta información, el grupo de madres se acercó a la funeraria y conversó con su propietario (los nombres del establecimiento y el dueño se resguardan, por seguridad), el cual reconoció que, entre el 2014 y 2016, el crimen organizado había arrojado, prácticamente cada día, al menos un cadáver ante las puertas de su negocio.
“El señor nos comentó que él llamaba todos los días al Ministerio Público de Reynosa, que es el más cercano, para avisarles que otra vez le habían ido a aventar un cuerpo, pero que las autoridades nunca acudieron, ni una sola vez. Entonces, como las autoridades no querían hacerse responsables, este señor hizo lo mejor que se le ocurrió: excavar una fosa en el monte, y ahí comenzó a depositar los cuerpos que le aventaban fuera de su negocio, los envolvía en plástico y los mandaba a la fosa clandestina… esa fosa se llenó y excavó otra, y luego otra más. En total, fueron tres las fosas en las que él depositó alrededor de 500 cuerpos, según su propio conteo”, narra María Isela.
