Un tribunal federal dejó sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero contra Alonso Ancira y abrió la posibilidad de que pueda enfrentar esta imputación en una audiencia inicial, sin que sea girada de nueva cuenta su captura.
El Tercer Tribunal Colegiado Penal concedió al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) un amparo contra el mandato privativo de libertad, en el que instruye al juez de control reponer el procedimiento y valorar si debe o no librarse la aprehensión.
Pero antes de determinar si procede o no el mandamiento judicial, el colegiado le ordenó al juez analizar la necesidad de cautela, es decir, si en este caso la orden de captura es o no la única forma de conducir a proceso al empresario.
Según el proyecto de sentencia aprobado, elaborado por el magistrado Miguel Ángel Medécigo, cuando el 25 de mayo de 2019 se giró la captura, el juez de control no hizo un análisis para establecer si la FGR justificó la necesidad de cautela.
De hecho, el tribunal modificó la negativa del amparo dictada en primera instancia por la juez federal Luz María Ortega Tlapa, al considerar que ella suplió al juez de control para analizar y valorar este requisito previo al libramiento de la orden de aprehensión, lo que no es legal.
El fallo del colegiado también concluye que el delito de lavado contra Ancira no está prescrito.
Según los magistrados, una regla esencial de la prescripción es que este tipo de delito ya no puede ser perseguido después de un año, contado a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene conocimiento del ilícito y del delincuente.
Y en este caso, Pemex presentó la denuncia ante la FGR el 7 de marzo de 2019 y la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la SHCP, al enterarse de lo anterior presentó la querella el 23 de mayo del mismo año, en un plazo muy menor al máximo de un año.
El magistrado Humberto Román Franco fue el único que hizo un voto concurrente sobre este punto, señalando que el expediente no cuenta con las pruebas suficientes para confirmar con contundencia si el ilícito atribuido a Ancira está prescrito.
Ancira presentó un segundo amparo contra la orden de aprehensión en forma simultánea y consiguió que fuera tramitado por el Juzgado Tercero de Distrito de Chiapas, lo cual es indebido.
En agosto pasado, en esa otra demanda, dicho juzgado canceló la aprehensión, sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió seis meses del cargo a Amós José Olivera Sánchez, quien firmó la sentencia, porque concluyó ilegalmente que el delito estaba prescrito.
El empresario se encuentra sujeto a juicio de extradición en España, con libertad provisional, por esta imputación.
La FGR le atribuye presuntamente haber sobornado a Emilio Lozoya con 3.5 millones de dólares para que Pemex comprara a AHMSA la planta «chatarra» de Agronitrogenados en 273 millones de dólares, precio que la FGR asegura que es 10 veces mayor al real.
Sin embargo, ambos han presentado ante los tribunales documentos que establecen que ese dinero corresponde a los honorarios que pagó AHMSA a Lozoya por unos contratos por servicios de consultoría inmobiliaria.
Se trata de unos estudios de ingeniería sobre los proyectos del Tren interurbano México-Toluca y un proyecto ferroviario en Coahuila en 2012, antes de que Lozoya fuera nombrado director de Pemex.
Los pagos se hicieron en cinco transferencias, entre el 12 de junio y 28 de noviembre de 2012, a una cuenta en Suiza de la cual la Fiscalía asegura que salieron los 38 millones de pesos con los que Lozoya compró su casa de Lomas de Bezares.
