Documentos de la Sedena confirman que los comandantes de la Sexta Zona Militar y de la Guarnición de Piedras Negras, bajo el mando del general Luis Cresencio Sandoval, fueron informados sobre los asesinatos masivos de Los Zetas en Allende y otros municipios del norte de Coahuila, y no hicieron nada.
Dos días después de que Los Zetas arrasaron el 18 de marzo de 2011 con el pueblo de Allende, y atacaron la ciudad de Piedras Negras y varios municipios del norte de Coahuila –con saldo de más de 300 muertos y desaparecidos, según testimonios civiles–, familiares de víctimas denunciaron los hechos al 14 Regimiento de Caballería, con sede en Múzquiz, el cual los notificó a la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo y a la Guarnición de Piedras Negras, esta última a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, actual secretario de la Defensa Nacional. Pese a la gravedad de los sucesos, los militares no actuaron y, al igual que los gobiernos estatal y federal, guardaron silencio.
SALTILLO, Coah. (Proceso).– Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fechados el 20 y 28 de marzo de 2011 confirman que los comandantes de la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo y de la Guarnición de Piedras Negras, en esa época bajo el mando del general Luis Cresencio Sandoval, fueron informados sobre los secuestros y asesinatos masivos que recién habían cometido Los Zetas en el pueblo de Allende y otros municipios del norte de Coahuila.
La masacre de Allende –en la que, según familias de las víctimas, hubo más de 300 personas muertas o desaparecidas– se mantuvo oculta durante casi dos años. Ninguna autoridad federal, estatal o municipal informó oficialmente sobre ello.
Los documentos de la Sedena fueron publicados por la organización académica National Security Archive (NSA), con sede en Washington, fundada en 1985 por periodistas y académicos, la cual alberga “la colección de documentos desclasificados más grande del mundo”.
Los documentos, de los cuales Proceso tiene copias, están fechados el 20 y 28 de marzo de 2011, en plena “guerra contra el narcotráfico” del entonces presidente Felipe Calderón. Los reportes internos de la Sedena registran las denuncias que recibió el 14 Regimiento de Caballería con sede en Múzquiz por parte de personas cuyos familiares fueron secuestrados por Los Zetas y que fueron turnadas a la Guarnición de Piedras Negras, al mando del general Cresencio Sandoval, y a la Sexta Zona Militar, comandada entonces por el general Dagoberto Espinosa Rodríguez, actual director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM).
“20 de marzo 2011. Permítome informar a la Superioridad que en esa fecha, aproximadamente a las 14:30 horas, se presentó el señor (…) a fin de denunciar que el 18 de marzo del presente año habían secuestrado a los padres de su esposa, así como a cinco integrantes más de su familia, y que el día sábado 19 de marzo su hijo se desplazó (…) a verificar esa información en Rancho Garza, ubicado en Villa Unión, Coahuila, donde no encontró a sus familiares, y que se comunicaron vía teléfono a aproximadamente 13:30 horas manifestando que los tenía la policía municipal y hasta la fecha no sabía nada de ellos y que en el rancho de su padre se encontraban personas armadas, procediendo a informar a la Comandancia 14 RCM autorizando a acudir a la citada denuncia”, señala el documento fechado en Allende, Coahuila.
Para verificar la denuncia salieron tres unidades del Ejército encabezadas por un teniente de caballería, quien reportó a sus superiores la existencia de viviendas saqueadas, ranchos quemados y abandonados, múltiples casquillos percutidos, así como vehículos incendiados y con evidencias de disparos de arma de fuego.
Una copia del reporte se envió al general Luis Cresencio Sandoval, entonces jefe de la Guarnición de Piedras Negras, y al comandante de la Sexta Región Militar.
De acuerdo con el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el actual titular de la Sedena era también responsable de la prisión de Piedras Negras, donde integrantes de Los Zetas incineraron cadáveres de sus víctimas.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2329 de la revista Proceso
