«La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público.
En lugar de buscar el chivo expiatorio en las empresas estadunidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia», advirtió Lawrence Keane, vicepresidente y asesor jurídico de la NSSF.
Este miércoles el gobierno de México demandó a varios fabricantes de armas ante una corte de Estados Unidos por comercio negligente e ilícito «que contribuye al tráfico de armas a México y ocasiona daño directo», informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que esta demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, del que reconocieron los esfuerzos y el ánimo para reducir y detener el tráfico ilícito de armas.
«Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras», insistió Keane ante las acusaciones. La NSSF rechazó las alegaciones de México respecto a que los fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos incurrieron en prácticas de negocio negligentes, que derivaron en cientos de miles de muertos en México en los últimos años.
La NSSF rechazó las alegaciones de México respecto a que los fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos incurrieron en prácticas de negocio negligentes, que derivaron en cientos de miles de muertos en México en los últimos años.
Y subrayó que todas las armas de fuego que se venden al por menor dentro de los Estados Unidos se comercializan de acuerdo con las leyes federales y estatales, lo que incluye una verificación de antecedentes por parte del FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés). En un comunicado publicado tras darse a conocer la demanda presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante una corte de Massachusetts, la asociación reiteró que, en su consideración, las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son falsas.
El vicepresidente de la NSSF consideró que la demanda presentada por un grupo de estadunidenses, entre los que está el abogado Steven Shadowen, que pugnan por el control de armas y que representa a México en el caso, es una afrenta a la soberanía estadunidense y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadunidenses respetuosos de la ley para poseer y portar armas. «Un derecho denegado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles».
Entre los argumentos que presentó la asociación está que el propio gobierno de Estados Unidos, actualmente encabezado por Joe Biden, también vende armas de fuego directamente al gobierno mexicano. «Los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar para los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos. En los últimos años, el número de deserciones se ha disparado a más de 150 mil», abundó la NSSF al respecto.
La asociación explicó que según cables del Departamento de Estado, las armas más letales utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de arsenales centroamericanos. Además, recordó que según un informe de 2006 elaborado por Amnistía Internacional, China suministró activamente armas a países latinoamericanos, que posteriormente, fueron incautadas en México.
