El contingente, en el que van menores de edad, avanzaba sin mayores problemas rumbo al estado de Oaxaca, sobre la autopista costera que comunica a México con Guatemala. Al medio día el grupo estaba cerca de Villa Comaltitlán, situado a unos 60 kilómetros de Tapachula.
El sábado fuerzas de seguridad trataron de detener el avance de la columna.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (Comdhsm), integrado por una veintena de agrupaciones, exigió a las autoridades mexicanas “alto inmediato a la violencia” en contra de los integrantes de la caravana.
En un comunicado, el colectivo demandó que sean escuchadas las demandas de los migrantes respecto a los procesos de regularización y/o solicitud de refugio, así como sus derechos fundamentales al trabajo, la alimentación y la vivienda.
Además exigieron se garantice el derecho a la libre circulación por el territorio nacional de las personas que cuentan con documentos para una estancia regular en el país.
De igual forma pidieron que no sean detenidos los migrantes que han solicitado refugio y que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) intervenga para garantizar la no devolución de las personas solicitantes de asilo y sujetos de protección internacional.
El Comdhsm manifestó que ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas, los aproximadamente 700 migrantes haitianos, centroamericanos, venezolanos y de otras nacionalidades decidieron organizarse para salir de Tapachula con el objetivo de “llegar a lugares fuera de Chiapas, donde sea posible acceder a condiciones dignas, obtener empleo, entre otras. Muchas de ellas cuentan con documentos de estancia regular en México que garantizan el derecho al libre tránsito en el país”.
Desde la mañana del 28 de agosto, el Comdhsm “observó el reforzamiento del retén ubicado en la localidad de Viva México con elementos de la Guardia Nacional (GN) y el patrullaje de camionetas del Ejército Mexicano (EM), además de autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM).
El comité refirió que el sábado, los migrantes “caminaron todo el día, primero a altas temperaturas bajo el sol y luego bajo intensas lluvias, sin alimentos, con poca agua y escasa atención médica”.
A las 14 horas “se detectó el paso de dos volantas del INM con niñas y niños migrantes detenidos, y a partir de las 16 horas se observó un creciente despliegue de fuerzas de seguridad, integrado por volantas y autobuses del INM, patrullas de la GN y camionetas militares, a la altura de Chamulapa, municipio de Huehuetán”.
Posteriormente, “los elementos de las fuerzas de seguridad formaron equipos antimotines para cerrar el paso y encapsular a la caravana, comenzando a detener a las personas haciendo uso excesivo e ilegítimo de la fuerza. Las personas fueron dispersadas, corrieron internándose en los montes o a través del río; otras siguieron avanzando sobre la carretera. Durante varias horas, bajo la lluvia y empezando la noche, el operativo continuó agrediendo y deteniendo a los integrantes de la caravana”.
La agrupación manifestó que varias personas resultaron “con lesiones y heridas derivadas de las agresiones del INM, la GN y el Ejército; la atención médica fue escasa y tardía”.
El Comité afirma que el gobierno hizo “un despliegue excesivo e injustificado de fuerzas de seguridad, con aproximadamente 50 vehículos entre volantas y autobuses del INM, camiones y camionetas de la GN y del Ejército; las personas fueron agredidas, sometidas, golpeadas con escudos y toletes; se identificó portación de armas largas por parte de elementos del Ejército, elementos del INM vestidos de civil incitando a la agresión, así como otros agentes de seguridad sin identificar, vestidos civil y portando armas de fuego”.
Antes de salir en caravana, los migrantes realizaron manifestaciones durante varios días, en el parque central de Tapachula, en las oficinas de Comar y del INM, por “la dilación en los procesos administrativos para presentar una solicitud de refugio, pues las citas disponibles se están otorgando hasta enero de 2022”.
