Monterrey, Nuevo León – En un preocupante giro de los acontecimientos, Monterrey se ha consolidado como la base operativa principal para el tráfico de migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos a través de las fronteras de Piedras Negras y Acuña, en Coahuila. A pesar de los esfuerzos públicos de colaboración entre las autoridades de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, la realidad muestra un panorama alarmante de complicidad y falta de control en la región.
La Secretaría de Seguridad Pública, junto a la Fiscalía del Estado de Coahuila y la Fuerza Civil de Nuevo León, han promovido en redes sociales convenios que, en teoría, buscan combatir el crimen organizado. Sin embargo, fuentes cercanas a la situación indican que el tráfico de migrantes y drogas se organiza desde Monterrey, donde los líderes criminales conocidos como “La Barbie” y “Diego” operan con impunidad.
Desde la capital neoleonesa, se coordina el traslado de migrantes hacia los puntos de cruce en Coahuila, burlando los filtros de seguridad establecidos por las autoridades locales y el Ejército. Este flujo migratorio ha aumentado en los últimos meses, lo que ha llevado a un incremento en los reportes de detenciones de indocumentados en el estado de Texas, donde muchos de ellos intentan ingresar a Estados Unidos.
La complicidad de las autoridades neoleonesas es un factor crítico en esta situación. A pesar de las detenciones y los operativos realizados, “La Barbie” y “Diego” continúan operando sin obstáculos significativos. Además, se ha reportado que Diego está involucrado en el tráfico de diésel, que extrae de ductos de Pemex para su venta en gasolinerías de Coahuila, especialmente en ciudades como Monclova, Sabinas y la región de los Cinco Manantiales.
La falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha generado un clima de desconfianza entre la población y ha alimentado la percepción de que el crimen organizado está por encima de la ley en Monterrey y sus alrededores. La situación exige una respuesta contundente y coordinada que no solo aborde el tráfico de migrantes, sino que también desarticule las redes criminales que operan con total libertad en la región.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por la situación de los migrantes, quienes se ven atrapados entre la desesperación de buscar una mejor vida y el riesgo de caer en manos de organizaciones criminales que lucran con su sufrimiento.
En este contexto, la necesidad de una estrategia integral que involucre a todas las instancias de gobierno y la sociedad civil se vuelve cada vez más urgente, para garantizar la seguridad de los migrantes y restablecer la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la población.
