San Antonio, Texas – Fue el 25 de octubre de 2011, cuando en un operativo encubierto llevado a cabo por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), fue detenida Erika Vanessa Gallegos Flores, originaria de Piedras Negras, identificada como una operadora clave de una célula del Cartel de Los Zetas. Gallegos estaba siendo investigada por su papel en el trasiego de cocaína desde Piedras Negras, Coahuila, México, hacia Eagle Pass, Texas, para su posterior distribución a vendedores en San Antonio.
La operación fue liderada por el Agente Especial Jaime Garza, quien, actuando de manera encubierta, se reunió con Gallegos en un punto de encuentro preestablecido en San Antonio. Según la declaración jurada del agente, Gallegos accedió a venderle doce kilogramos de cocaína a un precio de 25,000 dólares por kilogramo, tras observar un maletín que contenía un total de $300,000.00 en dinero estadounidense simulado.
Una vez acordada la transacción, Gallegos realizó una llamada telefónica y, aproximadamente 45 minutos después, un hombre identificado como Ricardo González Alcalá llegó al lugar en una camioneta. González extrajo dos bolsas de plástico de la camioneta y las colocó en el vehículo de Garza. Tras verificar que las bolsas contenían doce paquetes de cocaína, Garza siguió las instrucciones de González y colocó el dinero en la parte trasera de la camioneta. Posteriormente, Gallegos y González abandonaron el lugar, siendo seguidos de cerca por agentes de la DEA, quienes los detuvieron y los llevaron a un centro de detención.
La detención de Gallegos representó un golpe significativo contra el Cartel de Los Zetas, conocido por su violencia y operaciones de narcotráfico en la región. Las autoridades estadounidenses subrayaron la importancia de esta operación como parte de su esfuerzo continuo para desmantelar las redes de narcotráfico que amenazan la seguridad de las comunidades en ambos lados de la frontera. En ese momento, se notificó a las autoridades del estado de Coahuila sobre la investigación; sin embargo, no se dio seguimiento debido a los vínculos que mantenían algunos agentes investigadores y ministerios públicos con la delincuencia organizada.
El caso de Erika Gallegos fue llevado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, donde se aceptó su declaración de culpabilidad en relación con los cargos de tráfico de drogas, resultando en su reclusión en una celda por varios años.
Hoy, las autoridades continúan investigando el caso, y se espera que el Gobierno de México, especialmente del estado de Coahuila, actúe y examine los pasos de Gallegos, en un esfuerzo por combatir la corrupción y el narcotráfico en la región.
