Los padres, sus voceros y estudiantes de la escuela normal exigieron que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto y a su círculo cercano, como Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam, Enrique Galindo Ceballos, Manelich Castilla y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
«Tenemos que reconocer que en este gobierno hay investigación, que en este gobierno hay búsquedas, que hay algunas identificaciones», recalcó Vidulfo Rosales, abogado de los padres, e inmediatamente añadió: «Pero también hoy exigimos que estas porciones de verdad que el gobierno está ofreciendo son insuficientes para las madres y padres de familia».
«Faltan elementos: ¿Quién ordenó? ¿Por qué lo ordenó? (…) No tenemos la verdad, no tenemos la certeza de lo que ocurrió», insistió el letrado, quien pidió al gobierno federal que «acelere el ritmo» en sus acciones penales contra exfuncionarios, pues «pareciera que el gobierno no quiere enfrentarse con las clases políticas».
Aparte, en el mitin que clausuró la marcha, Rosales advirtió: «Tenemos el temor que este gobierno, como el anterior, esté tentado en armar una nueva narrativa oficial con las palabras del testigo protegido «Juan» (…) y cierre el caso»; por ello, el integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que «esta lucha se avizora larga» y que «nos falta mucho por hacer todavía».
Hilda Hernández, madre de familia, recordó que falta investigar a fondo el papel del Ejército en la noche del 26 de septiembre de 2014, principalmente en el 27 Batallón de Iguala; «vamos a seguir alzando la voz», declaró.
Y, tras expresar de manera insistente su agradecimiento a las personas que los siguen cobijando cerca de siete años después, soltó: «Como madres y padres no perdemos la esperanza ni la fe de volverlos a ver con vida».
«No nos pueden decir que somos tercos y que nos aferramos a algo perdido», dijo la mujer, al añadir que «al gobierno parece que se le olvidó que estamos buscando a nuestros hijos»; momentos después, urgió a detener la agresión contra las escuelas normales y sus estudiantes. «Sigamos caminando juntos, y que no se les olvide que nos faltan 43», concluyó.
Voceros estudiantiles repudiaron por su parte que la administración actual impulse la construcción de nuevos cuarteles militares en el país y las acciones represivas contra las normales rurales –además de recortes presupuestarios–, y repudiaron a la clase política en su conjunto, incluyendo todos los partidos y sus líderes, entre ellos las «mentiras» del presidente López Obrador hacia las personas más marginadas y hacia los normalistas.
Pasadas las 17 horas, la marcha salió del Ángel con las consignas políticas de los normalistas y las exigencias de castigo a los culpables, entre ellos Peña Nieto, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, o los responsables de las fuerzas armadas basadas en Guerrero en septiembre de 2014.
Por enésima vez, sonó el grito de «26 de septiembre, no se olvida; es de lucha combativa» y el «porque vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos!» en la capital del país.
Desde las banquetas de la avenida, algunas personas vestidas con prendas coloridas, banderas y collares del arcoíris que participaron en la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ veían pasar al grupo de padres, que siguen en búsqueda de sus hijos.
A las 18 horas, el grupo, de unas 200 personas, llegó al Antimonumento a los 43, donde la madre Hilda Hernández procedió al pase de lista de los desparecidos; después de nombrar cada estudiante, los normalistas respondieron con el puño izquierdo, al grito de «presentación con vida».
La marcha se llevó a cabo apenas 11 días después que el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, confirmó la coincidencia del ADN del normalista Jhosivani Guerrero con restos óseos encontrados en la barranca de la Carnicería, ubicada a más de un kilómetro del basurero de Cocula, donde el gobierno de Peña Nieto afirmó que los estudiantes fueron incinerados.
