Han transcurrido cuatro años desde que fue presentada en la Corte Penal Internacional (CPI), la comunicación denominada «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad»; a través del cual se solicitó abrir un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el estado mexicano de Coahuila, entre los años 2009 y 2016.
«Esta comunicación detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado», se puede leer en el documento presentado ante el Fiscal de la CPI.
Además de establecerse que, dicho informe se basa en una investigación y análisis jurídico realizado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) con el apoyo de más de 100 organizaciones mexicanas.
Ariana García Bosque, representante legal de la organización civil Familias Unidas, recordó que están en espera de que la CPI abra un examen preliminar sobre dicha comunicación, además de recordar que dichos procesos ante la citada organización internacional llevan tiempo, inclusive años.
Conforme a lo expuesto en la comunicación, se refiere que se elaboró en base a más de 500 casos concretos, testimonios, e indagaciones; que permiten evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad.
También hace referencia a que, se demuestra que «en Coahuila, no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los carteles de la droga».
Dicho documento refiere la existencia de una política de parte del Estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil, los autores concluyen que del 2009 al 2012 las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad en colusión con el grupo del crimen organizado de los Zetas. Mientras que, del 2011 al 2016, las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales.
«El tema de los avances de la comunicación, pues estamos todavía en etapa preliminar. Esto se lleva tiempo, lo que sí es que la Fiscalía de la Corte Penal ha estado pidiendo más información sobre la comunicación que se realizó», manifestó García Bosque.
