Saltillo, Coah.– Si se aplicara la lógica, la mujer que apareció bajo el umbral de la pequeña vivienda no tendría porqué estar allí. O, mejor dicho, la casa simplemente sería de un nivel mucho más elevado y se ubicaría muy lejos de esa colonia marginal llamada Nueva Aurora, en las inmediaciones de la Zona Centro de Torreón. Por mucho que se lustre, no es el lugar que habitaría nadie que haya facturado 22 millones de pesos al Gobierno de Coahuila en menos de 48 horas.
I
La privada López Rayón es una calle con el asfalto roto, en cuyas márgenes se extiende una hilera de viviendas amorfas, de paredes levantadas sin pericia de albañilería. Los pocos automóviles estacionados sobre la acera son viejos, y se intercalan con carruajes dedicados al ambulantaje. El frente de la casa marcada con el 951 no mide más de tres metros. Tiene una sola ventana y una puerta metálica de la que pende una toalla descolorida en vez de cortina.
El 14 de julio de 2016, Clara Edith Chávez Hidalgo, entonces de 20 años, acudió ante el Registro Público de Comercio de Gómez Palacio, Durango, y ofreció ese domicilio el mismo que aparece en su credencial de elector para inscribir Cosmic Dynamics, S.A. de C.V. Con ella, la residente de otra colonia igualmente precaria, Ana Isabel Sarellana Hernández, actualmente de 52 años, firmó como socia a partes iguales de esa empresa que partía con un capital de 50 mil pesos.
Desde el interior del 951 de la privada de López Rayón se cuela un fuerte olor a limpiador de pisos. La mujer que responde al llamado se afana en el aseo y porta mandil. Tiene el cuerpo encorvado y el pelo canoso. Pudiera ser la abuela de Clara Edith, pero dice que no conoce a nadie con ese nombre y que tampoco vive con ella alguien que tenga 22 años.
Diga o no la verdad, existe la huella documental de que allí reside –o al menos vivió– la socia de una empresa inscrita para operar un abanico enorme dentro del rubro de la construcción, que terminó facturándole al Gobierno estatal por el suministro de fertilizantes, semillas de sorgo y agua en pipa para sofocar incendios a cientos de kilómetros de distancia, en lo profundo de la sierra de Arteaga.
II
La vegetación que cubre una de las planicies de Las Copetonas da cuenta de las lluvias de los meses recientes. El incipiente verdor que aguardaba a mediados de diciembre hace difícil imaginar que medio año antes el fuego consumió allí 600 hectáreas. Entre enero y junio de 2018, la Comisión Nacional Forestal contabilizó 80 incendios en la entidad, muchos de ellos en esa región de la sierra de Arteaga colindante con Nuevo León.
El incendio del 6 de junio puso en operación a dependencias de los tres niveles de gobierno. Además de la Conar, intervinieron elementos del Ejército, la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, Ecología municipal de Saltillo y el departamento de Bomberos y Protección Civil del municipio de Arteaga. Entre todos dispusieron de tres helicópteros, dos camiones bomba y una pipa de agua, de acuerdo con los informes concedidos por las autoridades a los medios en aquella ocasión.
Pero el 25 y 26 de junio, el Gobierno del Estado recibió de Cosmic Dynamics tres facturas por un total de 739 mil 509 pesos por el envío de 175 pipas cargadas con 30 mil litros de agua cada una, justo para emplearlas en el sofocamiento del fuego. El costo por cada pipa varió. En dos primeras facturas enviadas el 25, el valor unitario registrado asciende a 3 mil pesos. Por el mismo servicio, un día después, se cotizó en 4 mil 500 pesos la unidad, sin argumentación de por medio.
Los incendios forestales de la primera mitad de 2018 consumieron mil 400 hectáreas en Coahuila, lo doble que el registro del primer semestre del año anterior. Se trató, a decir de las autoridades forestales, de un año crítico que demandó, más que nada, cooperación y capacidad de respuesta. Al margen de lo inviable de contratar servicios de una empresa radicada en Torreón, a 300 kilómetros de distancia, no existe en el Departamento de Bomberos y Protección Civil de Arteaga registro del arribo de una cantidad extraordinaria de pipas con tales dimensiones.
Tampoco se corresponde por actividad, la contratación de otros servicios millonarios a la empresa en cuestión.
En la primera y única inscripción como sociedad anónima ante una dependencia de la Secretaría de Economía, Cosmic Dynamics S.A. de C.V. contó con la fe del notario público Agustín Gerardo Saldaña Villarreal (número 106035041). La razón social, es decir, el conjunto de actividades que habría de desarrollar la empresa, quedó especificado en 10 puntos que abarcan campos desde la construcción, edificación, instalación, arrendamiento, venta, explotación, fabricación, exportación, importación, fletes, comodatos, distribución, procesamiento, maquila, mediación y consignación de casi todo lo que ataña a obra dentro del sector público y privado, ya sea tierra adentro, puertos marítimos y hasta red de gasoductos.
Fuera de la oferta de su objeto social, Cosmic Dynamics habría recibido el pagó total –los mismos días 25 y 26 de junio– de 22 millones 369 mil 45 pesos a manos del Gobierno de Coahuila. Además de las pipas de agua, se emitió otra factura de 5 millones 100 mil pesos por 3 mil 400 sacos de semilla de sorgo marca Su Miel II, a razón de mil 500 pesos la unidad. Una quinta por 4 millones 830 mil pesos por “renta de maquinaria”. Se alquilaron 966 servicios (sin especificación) a razón de 5 mil pesos la hora. El Gobierno estatal compró también a la misma empresa 9 mil 460 dosis de garrapaticida de 100 ml, por 3 millones 500 mil 200 pesos.
La factura con mayor monto corresponde a la adquisición de fertilizante urea marca Pacifex. El Gobierno del Estado habría pagado por ello 8 millones 199 mil 345 pesos a cambio de 35 toneladas y media en unidades de 25 kilogramos. La urea es un fertilizante rico en nitrógeno, comúnmente utilizado en los primeros estadíos de cultivos de riego rodado. La principal zona agrícola del estado, La Laguna, cuenta con unas 120 mil hectáreas de cultivo, dominadas por el algodón y el maíz forrajero. De acuerdo con agricultores de la zona, la urea se emplea a razón de 120 kilogramos por hectárea, sobre todo en los campos de maíz que surten a la lechera LaLa.
La irregularidad que exhiben las operaciones entre el Gobierno y la empresa en este conjunto de facturas, tiene sus anexos. De los ocho contratos en manos de este diario, no existe registro en el sistema de transparencia pública de la municipalidad o del Estado. El único informe público es el concepto de la venta, los RFC tanto del contratista como del Gobierno estatal y el monto cubierto en cada uno de ellos. Cosmic Dynamics vendió en calidad de Persona Moral, lo que significa que su contratación fue un acuerdo entre la parte contratante y las dos mujeres que figuran como socias.
La empresa tampoco posee registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ni otros contratos públicos a los que se tenga acceso. La información sobre los más de 22 millones de pesos fue corroborada ante las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que en su Registro Federal de Contribuyentes confirmó la autenticidad de las facturas.
III
El 119 de la calle Joaquín Moreno, en la colonia Tercero de Cobián, en el Centro de Torreón, es una casa blanca de dos pisos divida en tres segmentos con igual número de puertas individuales. En una de ellas, que da acceso a un despacho de abogados, Cosmic Dynamics tiene registrado su domicilio fiscal y línea telefónica. Nada en su interior remite a una empresa dedicada al ramo de la construcción.
“Aquí no conocemos a esa empresa”, dijo un individuo que se presentó como abogado. Ni él, ni el local, exhibían identificaciones que acreditaran la operatividad del despacho.
El triángulo residencial de Cosmic Dynamics se cierra en una casa abandonada, en el 770 de la calle Donato Guerra Sur. Es el domicilio que ofreció Ana Isabel Sarellana Hernández al presentarse como la otra mitad propietaria de la empresa ante el Registro Público de Comercio de Gómez Palacio.
Se trata de una construcción opaca y sin ventanas de la que cuelgan desvencijadas un par de puertas metálicas, desierta. La vecina de al lado, una mujer de edad avanzada, dice que la casa se encuentra deshabitada desde hace años. “A veces hay personas, pero nadie vive ahí… no conozco a nadie que se llame Ana Isabel… no”.
Ana Isabel Sarellana Hernández fue empleada municipal en Torreón, durante el trienio en el que Miguel Riquelme Solís presidió la alcaldía (2014-2017). Su número como auxiliar general dentro del Departamento de Limpieza fue el 00494. Ingresó el 1 de abril de 2014 con un salario mensual de 3 mil 200 pesos. La empresa se inscribió un año antes de su salida y de que Riquelme obtuviera el triunfo electoral que lo convirtió en gobernador de Coahuila.
En agosto de 2018, Cosmic Dynamics S.A. de C.V. recibió un último pago de las autoridades. En esta ocasión salió del Gobierno municipal de Torreón. Fue una transferencia por 48 mil 314 pesos a una cuenta de Banorte con terminación 6142. La autoridad no especificó la razón del monto. La relación que guardan estos pagos, sean por 48 mil o por 22 millones de pesos, es que al menos esbozan ilegalidad.
De acuerdo con el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, las autoridades están obligadas a detectar cuando un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios que prometen y notificarles de sus movimientos irregulares. De ese mismo artículo se desprende la categoría o denominación de “empresa fantasma”.
Dicho proceso conlleva el involucramiento de funcionarios de distinto nivel de gobierno. En el caso específico de Cosmic Dynamics, la Contraloría del Municipio de Torreón sostuvo que realizó los trabajos de investigación necesarios antes de certificarlos como proveedores del Gobierno.
El Artículo 2 del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Torreón, regido por los artículos 132, 133 y 134 del Código Municipal, es claro en sus alcances: Es obligación de esa dependencia “VIII. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se aplique en los términos estipulados en las leyes, reglamentos, convenios, programas y manuales respectivos (…) XVI. Conocer e investigar los actos, omisiones y conductas de los servidores públicos para fincar responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones correspondientes en los términos que las leyes señalen y, en su caso, turnar al Síndico”.
Al menos en este caso, eso no sucedió.
IV
Los ojos de Juan Carlos Álvarez Venegas van de un lado a otro cuando afirma que ninguna empresa inscrita en el padrón de proveedores del Municipio de Torreón, opera al margen de la ley. El contralor dice, sin embargo, que la corrupción con evidencia suficiente es algo “difícil” de demostrar.
La evidencia suficiente, señala Álvarez, “podría ser documental, grabaciones o cualquier otra evidencia que diera certeza (del hecho). Normalmente, si nos atenemos a la definición de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), se define como abuso de poder. Y en esa frase pequeñita se reduce todo, por lo que comprobar corrupción es complicado…”.
Pero el contralor ofrece la clave para facilitar cualquier línea de perversión, sin que parezca percatarse de ello: El trabajo de campo.
“La solvencia económica se demuestra con estados financieros donde se demuestre la utilidad, la solvencia técnica. ¿Cómo? Se hace una visita técnica a las instalaciones de la empresa”.
Justo lo que no sucedió en el caso de Cosmic Dynamics. O si sucedió, la farsa se ocultó.
Desde su constitución, Cosmic Dynamics solo registró dos movimientos: una asamblea el 7 de marzo de 2017 para nombrar como representante legal para pleitos y cobranzas al ciudadano Julio César Ibarra Galván. El segundo fue para disolver la empresa, justo en la semana que la unidad de investigación de este diario inició trabajo de campo en Torreón verificando su domicilio fiscal.
Los socios convocaron a una asamblea extraordinaria para tal efecto. Ello quedó bajo registro con el número de folio 2018002977920011. El delegado especial que convocó a las partes se identificó como Juan Joel Soto Ontiveros.
Soto Ontiveros, quien no figuraba hasta comienzos de diciembre en ningún documento público de la empresa, manifestó a las autoridades fiscalizadoras ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, haber nacido el 8 de febrero de 1959; soltero, con Registro Federal de Contribuyentes OISJ5990208425, y aportó como domicilio la calle Bordo de Protección número 232, entre las calles Arturo Lugo y Alberto M. Alvarado, de la colonia El Consuelo, en Gómez Palacio, Durango.
“Coahuila es sin duda un ícono de la corrupción a nivel nacional”, dice sin miramientos Reyes Flores Hurtado, el delegado federal nombrado por Andrés Manuel López Obrador para Coahuila. “Sus últimos sexenios se caracterizaron precisamente por un saqueo desmedido y escandaloso de las arcas públicas del estado. Escándalos de los que no teníamos cuenta antes: empresas fantasma, que ya no tenían nada que ver con la corrupción añeja del diezmo, del diez por ciento, quince por ciento por ejecución de obra. Ahora tenía que ver con el robo total de un presupuesto o de un fondo específico para un servicio. Las empresas fantasma tenían a final de cuentas que ver con servicios fantasma. Entonces, todo se fugaba (y se fuga) a favor de alguien en la línea de corrupción”.
