Durante el presente 2019 se cumplirán siete años de que las autoridades de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica iniciaron el proceso penal en contra de Héctor Javier Villarreal Hernández, por delitos de lavado de dinero y transporte de dinero ilícito hacia los Estados Unidos. La próxima semana se contempla la audiencia para dictarle sentencia por dicho proceso.
Y es que, según el calendario de la Corte de Distrito Oeste del Estado de Texas, la audiencia para dictar sentencia en contra de Héctor Javier Villarreal, está programada para desarrollarse el próximo jueves 10 de enero de 2019, a las 11 de la mañana en la sala número tres en la ciudad de San Antonio en Texas.
Lo anterior conforme al calendario de audiencias del juez de distrito Xavier Rodríguez, donde se puede verificar que la audiencia está vigente. Cabe mencionar que dicho juez ha llevado el caso en contra de quien fue el tesorero del Estado de Coahuila y fuera acusado por las autoridades norteamericanas por lavado de dinero.
Hasta el momento, la fecha de la audiencia para dictar sentencia contra Villarreal Hernández se mantiene vigente, pues la misma se ha modificado en diversas ocasiones con anterioridad, con lo que suman ya cuatro años y casi cuatro meses sin que el exfuncionario coahuilense haya recibido una sentencia y permanezca en libertad condicional.
Lo anterior, considerando que en septiembre de 2014, el extesorero de Coahuila se declaró culpable de dos cargos de conspiración de lavado de dinero y un cargo de conspiración para transportar dinero robado en el comercio exterior. De entonces a la fecha, se mantiene en libertad y se le puede ver en la ciudad de San Antonio, Texas.
Héctor Javier Villarreal, quien se desempeñó como titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) en la Administración de Humberto Moreira, enfrenta un juicio en los Estados Unidos desde hace ya más de siete años, aunque actualmente sigue su proceso en libertad condicional.
El exfuncionario del Estado de Coahuila ha sido visto en diversos centros comerciales y restaurantes de la ciudad de San Antonio, Texas, en donde actualmente reside. Su libertad condicional se dio tras la entrega de 6.5 millones de dólares que le fueron confiscados por el Condado de Bexar y que inicialmente reclamaba su devolución.
