La representante legal de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras puso como ejemplo lo sucedido con una familia detenida de forma arbitraría y sometidos a tortura en esta frontera.
La litigante señaló que cuando existe un caso de tortura, inmediatamente la autoridad trata de justificar que la persona portaba algún tipo de narcótico o algún otro delito, por lo que se criminaliza a la población al ser objeto de alguna violación a sus derechos humanos.
«Creo que lo que nos debe de preocupar a todos como ciudadanos, es que nuestras autoridades, más allá de que sean autoridades con capacitación, que pudiéramos entender que se les dan cursos o capacitaciones, pero mientras no sean procesadas por actos ilícitos como estos, van a seguir ejerciendo actos de abuso de autoridad o tortura», dijo la abogada.
García Bosque puntualizó que en el caso de la presunta detención arbitraria y tortura de la que fue víctima una familia, no se está pidiendo que el Ministerio Público continúe investigando, pero sí se está exigiendo que no cometan esos delitos: una privación ilegal de la libertad, una detención ilegal o un acto de tortura, en aras de un supuesto combate a la delincuencia.
«Yo creo que ya hemos sido víctimas en tiempos pasados, de justificaciones como estas y tenemos obviamente el tema de desaparición de personas y todos estos abatimientos que hubo en el periodo del 2011; en donde justificaba el Gobierno Federal el combate a la delincuencia organizada y había un sin fin de decesos, sin que se investigara si realmente el accionar del policía al momento de abatir a una persona o privarla de la vida correspondía a un uso racional de esa fuerza», precisó la abogada.
