Por: Arturo Ortíz Mayén
La tortura continúa siendo una práctica endémica y generalizada en México, concluyó el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT por sus siglas en inglés).
Durante la séptima evaluación de México en torno a la tortura, realizada en abril pasado en Ginebra, se destacó que no hay progresos de las autoridades mexicanas para combatir, investigar y prevenir este delito.
Las denuncias se multiplican por todo el país. Coahuila, por ejemplo, es el primero a nivel nacional en prácticas de tortura contra mujeres privadas de la libertad en prisiones del estado.
Además de que hay varios casos documentados de abusos policiales en los que se acreditaron graves violaciones a los derechos humanos.
El cambio de gobierno federal generó la esperanza de que esta situación podría cambiar.
Pero poco se puede esperar cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador mantiene en su cargo a un alto funcionario de la Fiscalía General de la República, a pesar de señalamientos de tortura, cuando fue procurador de Aguascalientes.
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien es titular de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de la FGR, aparece en la recomendación 17VG/2019 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Fiscalía de Justicia de Aguascalientes por actos de tortura, detenciones arbitrarias y violencia sexual, presuntamente cometidos entre 2011 y 2012 por personal de la entonces procuraduría de Justicia del Estado.
La CNDH documentó que personas que fueron enviadas a prisión en esos años, cuando Muñoz Vázquez fue procurador, fueron víctimas obligadas a inculparse de delitos que no cometieron.
Las víctimas fueron torturadas física y psicológicamente, pero lo más grave es que algunas imputan directamente al ex procurador como la persona que los golpeó durante su detención.
Por ejemplo, Juan Carlos Zamora Arenas, asegura que en 2011 cuando era policía municipal de Aguascalientes, lo detuvieron junto con otros de sus compañeros.
Sostiene que lo torturaron para que admitiera que pertenecía a un grupo denominado “La Oficina”.
Asegura que vio al entonces procurador Muñoz Vázquez y que éste lo golpeó e insultó.
Otros narraron torturas en un espacio que creen, era un gimnasio, pues los tenían vendados de los ojos.
Algunos denunciaron que incluso los Ministerios Públicos y defensores de oficio, los agredieron.
La mayoría de los torturados obtuvieron su libertad al ser absueltos.
Pero nada repara el daño y menos al saber que hoy el funcionario al que responsabilizan de la tortura que sufrieron, sigue encumbrado en el poder.
Arturo Ortiz Mayén es reportero desde hace 17 años. Actualmente forma parte del equipo de reportajes especiales del noticiero Despierta con Loret de Televisa.
