Debido a que la ley los considera miembros activos del sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, los integrantes de la Asociación Nacional de Mineros y Metalurgistas en Lucha A.C. buscarán involucrarlo en el reclamo del 5% por la desincorporación de empresas como AHMSA.
Armando Valdés Venegas, líder de los obreros reajustados, a quienes no se les cumplió la promesa presidencial de otorgarles el 5% de la venta de minas y empresas como Altos Hornos, indicó, fueron 37 demandas las que no pudieron continuar por falta de personalidad, la cual la tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Los jueces explicó, se negaron a analizar sus demandas alegando que no tenían personalidad jurídica para hacer el reclamo, la cual sí la tiene el Sindicato minero que encabeza Napoleón, pero cuando fueron a la Ciudad de México con toda la papelería en un sólo expediente, tras una larga espera, les dijeron; “aquí déjelo”, y jamás tuvieron respuesta.
Con base a una resolución de la Suprema Corte, Valdés Venegas, asegura quienes están en la lucha por el 5%, siguen siendo miembros del sindicato, ya que esa categoría sólo se pierde en caso de renuncia o de muerte.
“Tenemos que involucrarlo quiera o no quiera, porque somos miembros del sindicato y nos debe atención y respeto, él es un representante, no el dueño del sindicato, y tiene doble obligación, como líder de mineros y como senador”.
“Napoleón nos abandonó cuando huyó, y nadie nos hizo caso al haber un gobierno coptado, nos traían de Herodes a Pilatos, cuando nosotros, no buscamos ni tenemos culpables, sólo queremos se cumpla con lo prometido por el Presidente de la República en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari”.
Actualmente, agregó, con un Gobierno que se identifica con la claridad, esperan se les aclaren las dudas sobre la existencia de un fideicomiso de 20 millones de dólares creado con lo que se obtuvo de la desincorporación de la industria acerera y minera, un fideicomiso más importante que el de Cananea.
El reclamo, dijo por último, es al Gobierno, que es quien tiene consigo todas las pruebas, de las actividades del entonces presidente de México y de lo que acordaron en las cámaras de senadores y diputados.
