Testimonios y nuevas pruebas llevaron a las autoridades españolas a reabrir el expediente por el delito de blanqueo de capitales en contra del exgobernador coahuilense Humberto Moreira Valdés, quien ayer a través de un comunicado enviado por sus abogados, calificó de “irregular” el procedimiento que realiza la justicia ibérica.
Fuentes de medios españoles señalaron que de manera extraoficial se dijo que los nuevos testimonios podrían venir del juicio que se le sigue al coahuilense Juan Manuel Muñoz Luévano, quien fue detenido en España en 2016.
Sin embargo, de manera oficial, los medios de aquel país señalan que las nuevas pruebas provendrían de las declaraciones de Héctor Javier Villarreal Hernández y Rolando González Treviño, que implican al exmandatario con grupos del crimen organizado del noreste de México.
El expediente de Moreira Valdés en España había sido archivado bajo el argumento de que no existían pruebas de que el exgobernador de Coahuila estuviera implicado en alguno de estos delitos, ante señalamientos de que el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, habría intervenido directamente en su defensa.
A unos días de que concluya el mandato de Enrique Peña Nieto, un juez español ordenó la reapertura del expediente, que de acuerdo con fuentes cercanas a las autoridades judiciales en España, no implica por ahora la solicitud de detención de Moreira Valdés, solamente la petición a las autoridades mexicanas de documentación relacionada con el caso.
Detonan testimonios proceso sobre Humberto
Dos años después del archivo provisional, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó reabrir la causa que la justicia española abrió contra Humberto Moreira, por presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en una banda criminal del noreste del país.
Según un reporte de José María Irujo, del diario El País, el detonante de la reapertura de la investigación es el testimonio de dos testigos en San Antonio, Texas, que señalan al político coahuilense en un supuesto blanqueo con sus empresas, según fuentes judiciales.
El juez dictó este miércoles un auto en el que acuerda que se proceda a dictar una comisión rogatoria, o de auxilio judicial, a San Antonio, Texas, para interrogar a las dos personas que acusan al también expresidente del PRI, y otra a México para que se investiguen las sociedades del político.
La decisión del magistrado que sobreseyó provisionalmente el caso, en 2016, tiene lugar después de que la Fiscalía Anticorrupción española aportara al juez los nuevos indicios que se desprenden de la declaración de los dos testigos en el marco de una investigación sobre blanqueo y narcotráfico que se sigue en Estados Unidos.
Fuentes judiciales señalan que en función de las pruebas que se aporten en las dos comisiones rogatorias se continuará o no con la investigación.
Lo señalan
Los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa presentaron una querella criminal contra el exgobernador de Coahuila por su presunta relación con un grupo
delincuencial.
La iniciativa partió después de que recibieran información del Departamento de Aduanas de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) que implicaba al expresidente del PRI, que, según su propia versión, se trasladó a vivir a España después de que este grupo de narcotraficantes asesinara a su hijo.
Los dos fiscales viajaron a San Antonio, donde se entrevistaron con varios testigos protegidos de la Fiscalía estadunidense que apuntaron a Moreira.
Tras la detención del político en Madrid, el 15 de enero de 2016, el Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarlo de la cárcel, según una investigación de El País.
La gestión a mayor nivel la protagonizó Arely Gómez González, la entonces Procuradora General de la República y exsenadora del PRI.
La entonces funcionaria habló a su homóloga española Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado español, para interesarse por el caso y conocer la opinión de los fiscales españoles, negándose a presentar declaraciones por la reapertura del proceso.
Previamente, el juez Pedraz archivó provisionalmente el caso tras regresar de Texas donde había escuchado el testimonio de un testigo protegido.
Concluyó que las acusaciones contra el exgobernador sobre su supuesta relación con criminales y el presunto blanqueo de capitales, no eran suficientemente concretas.
Fue entonces que los fiscales recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que rechazó el recurso y afirmó que no había indicio alguno con la relevancia suficiente.
‘Actuación dudosa’
Luego de que la justicia española reabrirá el proceso, la defensa del exmandatario afirmó que las diligencias practicadas no se ajustan a derecho y son una grave violación a sus garantías.
En un comunicado, advirtió que recurrirá esa decisión al basarse en una actuación “más que dudosa e irregular” por parte de la Fiscalía de esa nación, a espaldas de la autoridad judicial.
“Las diligencias que solicita la investigación de la Fiscalía consisten en la ratificación de los testimonios que Héctor Javier Villarreal y Rolando González Treviño habrían prestado en San Antonio (Texas) y que se habrían producido sin intervención de la defensa del señor Moreira”, indicó su representante en un comunicado publicado en la cuenta de Facebook del expriista.
Aseguró no tener conocimiento de esa toma de declaraciones, por lo que acusó una irregularidad procesal “muy grave y una violación de las más elementales garantías para el afectado”.
Del mismo modo, señaló que ambos testimonios son consecuencia de acuerdos con Estados Unidos y representan una provocación para inculpar al exgobernador.
“Estos testimonios no pueden producir efecto en España y son tan sólo una clara provocación con el fin de inculpar a Humberto Moreira con los mismos elementos que ya se valoraron y fueron desestimados en su momento y que sirvieron para decretar el sobreseimiento de la causa que Moreira tuvo abierta en España”.
Aseveró la defensa que Moreira demostrará la inconsistencia de la solicitud e imputaciones de un supuesto delito de blanqueo de capitales, acreditando hasta el último peso de sus cuentas y el origen lícito del mismo. (Con información de Reforma)
