La Comisión Jurisdiccional del Congreso local de Chihuahua, con mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), determinó iniciar un proceso de juicio político en contra del ex gobernador panista Javier Corral Jurado, en seguimiento a una denuncia del abogado Gerardo Cortinas Murra por desacato al decreto de austeridad estatal emitido en 2017, que lo obligaba a reducir su salario y le prohibía hacer viajes en avión de primera clase o en aeronaves de la flotilla del gobierno estatal.
Javier Corral “ve moros con tranchetes en todas partes”, respondió Mario Vázquez Robles, líder de los diputados locales panistas, a declaraciones del ex Ejecutivo chihuahuense, quien aseguró que es inocente y sufre persecución política de su sucesora, María Eugenia Campos Galván, también emanada del PAN.
Los legisladores estatales Gabriel García Cantú, José Alfredo Chávez Madrid y Yesenia Guadalupe Reyes Calzadillas, del blanquiazul, además del priísta Omar Bazán Flores y Óscar Avitia Arellanes, de Morena, aprobaron abrir el proceso contra Corral Jurado y dieron trámite al expediente CJ/JP/001/2021, relativo a una denuncia de juicio político presentada el pasado 31 de mayo.
La Comisión Jurisdiccional revisará pruebas y escuchará argumentos sobre la presunta violación de Javier Corral al Decreto de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público, que lo obligaba a vender la flota aérea propiedad del gobierno del estado, así como a eliminar gastos de mantenimiento, seguros, operación y certificación de las aeronaves.
El decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2017, incluía otras 32 medidas de ahorro, la mayoría de las cuales no se cumplieron. Incluso Corral siguió utilizando las naves adquiridas por su antecesor, el priísta César Duarte Jáquez, en decenas de viajes personales y oficiales, con el argumento de que no fueron vendidas para “no malbaratarlas”.
Los diputados fijaron un plazo de 30 días para que la Secretaría de Hacienda chihuahuense aporte pruebas como recibos de nómina del ex gobernador panista y sus funcionarios –con los que se busca comprobar que incumplieron la reducción del salario–, documentos sobre al uso de la flotilla aérea de la administración estatal y pagos de boletos de avión en primera clase.
Debe responder en 10 días
El presidente de la comisión, Gabriel García, informó que ese órgano informará a Corral sobre la denuncia y le hará saber su garantía de defensa, su deber de contestar por escrito y su derecho a ofrecer pruebas a su favor dentro de los 10 días siguientes a la notificación.
Si el ex gobernador no responde por escrito en el término estipulado, se tendrán por ciertos los hechos atribuidos en la denuncia y Corral perderá su derecho a exhibir elementos probatorios, según la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado.
García Cantú resaltó que la Comisión Jurisdiccional realiza una labor responsable y recordó que cualquier ciudadano puede interponer denuncias o quejas contra funcionarios que incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.
Adelantó que “a más tardar a finales de septiembre o principios del mes de octubre, Javier Corral o su representación jurídica habrán de comparecer para presentar los argumentos de su defensa”, y el pleno del Congreso emitirá su veredicto en los últimos días de noviembre o principios de diciembre.
A la fecha hay 11 denuncias contra Corral. En su cuenta de Twitter, el ex mandatario dijo que la Comisión Jurisdiccional del Congreso local interpreta la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia de manera retroactiva, “sin mayor asidero que el rencor, no tengan duda que en esta batalla estaremos juntos y más firmes”.
