Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza han monopolizado durante los últimos setenta días los titulares nacionales e internacionales. La solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para extraditarlos, junto con otros ocho exfuncionarios de Sinaloa —uno de ellos, el general Gerardo Mérida, bajo custodia de autoridades estadounidenses—, permanece envuelta en el hermetismo. Los dos políticos de Morena han logrado sortear, al menos en el terreno institucional, el mayor escándalo de su trayectoria: las acusaciones que los vinculan con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Desde entonces, ambos se han desvanecido del ojo público.
El gobernador con licencia de Sinaloa y el senador de Morena han atravesado más de dos meses de crisis política sin enfrentar consecuencias públicas. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en la opacidad los avances de las investigaciones en su contra y el Senado entrega intactas las prerrogativas del legislador mediante cheque de caja —porque tiene congeladas sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera—, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha decidido ocultar durante cinco años, hasta 2031, cualquier comunicación con Estados Unidos sobre el caso. Con esto, el problema político más delicado que enfrenta el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha evolucionado hacia otro terreno, el del blindaje institucional.
El gobernador con licencia y el senador desaparecieron después de acudir a declarar ante la Fiscalía en mayo. Ambos rechazaron las acusaciones y desde entonces el expediente parece haberse congelado. Inzunza, además, ha puesto resistencia para separarse de su escaño. Lo que le garantiza la inmunidad procesal delfuero constitucional —con excepción de la licencia de 22 horas que pidió durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso para que su suplente votara la reforma judicial y electoral de Sheinbaum—. Pasado ese trámite, retomó su lugar y ha participado, a distancia, en reuniones de las comisiones legislativas. En medio de una de las mayores crisis políticas que ha enfrentado, el Senado ha seguido funcionando como su principal escudo institucional.
El tema va más allá del bajo perfil que la dupla de políticos ha mantenido. La acciones del Estado han terminado por blindarlos. Mientras la Fiscalía no ha mostrado avances sobre la carpeta de investigación que abrió como consecuencia de los señalamientos provenientes de EEUU, desde otros frentes institucionales se han ido levantando capas adicionales de protección. La más reciente ha llegado de la Cancillería. El Comité de Transparencia de la dependencia resolvió reservar durante cinco años todas las comunicaciones diplomáticas, oficios, notas verbales, correos electrónicos, fichas informativas, minutas de reuniones y cualquier documento relacionado con Rocha e Inzunza y las investigaciones por los presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El candado incluye también cualquier intercambio entre autoridades mexicanas y estadounidenses sobre las solicitudes de extradición, mecanismos de cooperación o reuniones relacionadas con ambos políticos.
La resolución sostiene que divulgar esa información podría afectar las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, vulnerar la confianza entre ambos Gobiernos y perjudicar la conducción de la política exterior mexicana. Con ese argumento, el Comité ha guardado el expediente bajo llave hasta 2031. El mensaje es de calado. No solamente porque impide conocer detalles sobre la solicitud de extradición o comunicaciones diplomáticas sobre el caso, sino porque institucionaliza el silencio precisamente cuando el interés público alcanza su punto más alto.
La reserva coincide con otro elemento que ha alimentado las críticas. Inzunza continúa recibiendo íntegramente su salario como senador pese a mantenerse prácticamente fuera de la actividad legislativa presencial. El Senado ha mantenido el pago de 132.000 pesos mensuales mediante cheques. Debido a que las cuentas del senador permanecen congeladas por la Hacienda Pública.
El futuro de Rocha parece incierto. En el Congreso, el oficialismo evita el tema a toda costa. Aunque la oposición se encarga de recordarle a la menor oportunidad que se desconoce el paradero del gobernador con licencia. Sheinbaum ha sostenido que Rocha se encuentra en la capital del Estado, aunque desconoce su ubicación precisa. “Sabemos que está en Culiacán. Está ubicable. Y en todo caso, la Fiscalía tendría que determinar”, ha respondido con tono molesto a los cuestionamientos de este martes en su conferencia matutina.
Desde la oposición se han presentado exigencias estériles para transparentar el caso, pero ninguna ha prosperado, al menos en el Congreso, ante la aplastante mayoría de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. En el partido guinda, el silencio es evidente. La dirigencia nacional comandada por Ariadna Montiel, se ha limitado a evitar el tema sin una defensa frontal y contundente. La estrategia se ha centrado en reducir la exposición.
Con todo, la propia resolución de la Cancillería parece confirmar indirectamente que existen comunicaciones diplomáticas, intercambios oficiales y mecanismos de coordinación relacionados con el caso. Lo que ha decidido el Gobierno mexicano es impedir que se conozcan, al menos en este sexenio. Con esta decisión, el debate ahora gira alrededor del nivel de protección institucional desplegado para administrar políticamente una crisis que se encamina a convertirse en uno de los episodios más delicados de la relación bilateral en materia de seguridad.
La Administración de Sheinbaum sostiene que proteger esas comunicaciones evita afectar las relaciones diplomáticas en EEUU, aunque al mismo tiempo abra la puerta a la sospecha. Mientras tanto, Rocha e Inzunza permanecen políticamente suspendidos en una especie de limbo institucional. No han sido exonerados, tampoco procesados. Su principal defensa no ha provenido de declaraciones públicas ni de resoluciones judiciales. Después de setenta días, lo que está en el centro es el mecanismo de protección que el Estado es capaz de desplegar cuando la crisis toca a los integrantes de la élite del partido en el poder.
