3 alcaldes por ser oposición y dos del PRI por no acatar órdenes estatales fueron los sometidos por el régimen autoritario
CDMX- Aunque la reciente detención e imputación de la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, se convirtió en noticia nacional, este no es el único caso de un exfuncionario municipal llevado ante la justicia por presuntos actos de corrupción en el estado.
Mientras la exalcaldesa de Múzquiz se encuentra a la espera de la audiencia de vinculación a proceso por el delito de peculado, exalcaldes de municipios como Parras de la Fuente, Monclova y Ramos Arizpe ya han enfrentado procedimientos similares, en su mayoría derivados de investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
El caso más reciente antes del de Tania Flores fue el del exalcalde morenista de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega, quien gobernó de 2019 a 2021. Fue detenido en enero y nuevamente en noviembre de 2023 por dos causas penales en las que se le imputan delitos de ejercicio abusivo de funciones, con un presunto daño patrimonial estimado en 200 millones de pesos.
También en enero de 2023 fue detenido el exalcalde panista de Monclova, Gerardo García Castillo, quien encabezó la administración municipal de 2014 a 2017. Se le imputaron delitos de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, relacionados con adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y manejo de recursos públicos durante su gestión.
Otro caso fue el del exalcalde priista de Parras de la Fuente, Evaristo Madero Marcos, detenido en marzo de 2021. La Fiscalía Anticorrupción lo acusó de venta ilegal de bienes municipales y uso indebido de recursos públicos, con un presunto daño patrimonial de hasta cuatro millones de pesos.
Uno de los primeros casos de este tipo fue el del priista Ramón Oceguera, alcalde de Ramos Arizpe entre 2010 y 2013, señalado por presuntas irregularidades que, de acuerdo con las autoridades, ocasionaron un daño estimado en 70 millones de pesos.
En todos estos casos, los jueces de control impusieron inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, meses después, los exfuncionarios obtuvieron su libertad al acreditar problemas de salud.
Actualmente, de acuerdo con información de la Fiscalía Anticorrupción, todos estos procesos han concluido mediante acuerdos entre la autoridad y los imputados, quienes aceptaron mecanismos de reparación del daño para extinguir las causas penales.
No obstante, desde 2023 la Fiscalía Anticorrupción informó que mantenía investigaciones abiertas en los 38 municipios de Coahuila, correspondientes a distintas administraciones, y que tenía registro de al menos 185 juicios de amparo promovidos por funcionarios públicos.
Dichos recursos fueron presentados por al menos 42 servidores públicos, seis particulares y una empresa. Entre los actos reclamados figuraban citatorios, órdenes de comparecencia, vinculaciones a proceso y modificaciones de medidas cautelares, particularmente en los casos en que el Ministerio Público buscó nuevamente imponer la prisión preventiva.
