Una coalición de estados conservadores de Estados Unidos ha iniciado un nuevo esfuerzo para mantener en pie una ley aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.
El lunes en la noche, 15 estados presentaron una moción para intervenir, es decir, una petición de ser parte del proceso legal en torno a la ley de salud pública conocida como Título 42.
La norma, aplicada por el gobierno de Trump en 2020, permite rechazar a migrantes que piden asilo con base en la necesidad de frenar la propagación de Covid-19.
La ley debe caducar el 21 de diciembre, lo que podría trastrocar las medidas fronterizas en momentos en que los republicanos se aprestan a asumir el control de la Cámara de Representantes con planes de hacer de la inmigración una piedra angular de su agenda.
Los estados argumentan que sufrirán daños irreparables ante la caducidad inminente del Título 42 y que se les debe permitir presentar argumentos mucho antes del 21 de diciembre.
Grupos defensores de los migrantes sostienen que el Título 42 perjudica injustamente a personas que huyen de persecución y que la pandemia fue usada como pretexto por el gobierno de Trump para inhibir la migración.
Un juez el 15 de noviembre falló a favor de los grupos, calificando la prohibición de arbitraria y caprichosa.
El juez Emmet Sullivan falló en Washington que inmediatamente debe cesar la aplicación de esa ley para familias y para adultos que llegan solos. El gobierno no ha aplicado el Título 42 a niños que viajan solos. El juez luego aprobó un pedido del gobierno del presidente Joe Biden de fijar el 21 de diciembre como plazo para que caduque la ley, a fin de darle tiempo para prepararse.
Los 15 estados argumentan que estados fronterizos como Arizona y Texas, así como otros más lejos de la frontera, recibirán muchos más migrantes si se deja de aplicar el Título 42. Los documentos judiciales presentados en tribunales proponen un cronograma para debatir el tema.
Si se ratifica el fallo de Sullivan, ello podría afectar pronunciadamente las medidas migratorias en la frontera. Han ocurrido más de 2,4 millones de expulsiones de migrantes desde Estados Unidos desde que la ley empezó a aplicarse en marzo de 2020.
