Hoy se cumplen 12 años de la masacre de Allende, un episodio en la historia de Coahuila que da a conocer la corrupción y complicidad no solo de policías si no de Alcaldes Ministerios Públicos y del Gobernador en turno
El capitulo negro de la historia de Los Zetas en Coahuila se registro un miércoles del mes de marzo del 2011 cuando mas de 50 camionetas conducidas por miembros del cártel de Los Zetas salió desde Piedras Negras con dirección al municipio de Allende pasando por Nava de donde se les unieron mas camionetas.
Sicarios con complicidad de las autoridades locales, estatales y federales empezaron a hacer una limpia en ese municipio y del cual se extendió a Nava y Piedras Negras.
El detonante de la masacre en el norte de Coahuila que duro tres días se originó a partir de la ruptura de tres hombres con el cártel dirigido por Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales; el Z-40 y el Z-42 en 2011, tras haber extraído dinero de la célula criminal y trasladarlo hasta Estados Unidos. Se habla de montos de entre 5 y 10 millones de dólares.
Los hombres que presuntamente huyeron, se volvieron testigos protegidos de la DEA, y el rancho de Los Garza, que era propiedad de los mismos, se convirtió entonces en el infierno del poblado de 23 mil habitantes, donde no solo desaparecieron pobladores de Allende si no también de Piedras Negras.
Incluso de manera sincronizada un día viernes a las 5 pm miembros del cartel derrumbaban casas y negocios propiedad de los supuestos traidores al cartel.
En el rancho de Los Garza fueron ejecutados hombres, niños y bebés, mujeres adultas, trabajadores de las familias del poblado, personas que fueron levantadas en Piedras Negras, con complicidad de las autoridades, según las declaraciones integradas en las averiguaciones previas.
Me di cuenta que había llegado una camioneta, también me di cuenta que ya habían llevado a más personas, entre las que pude reconocer a (…) y se veía tirado en el piso y a su esposa la cual ya estaba toda encuerada además de un trabajador de ellos. También observé en ese lugar amarradas a cuatro mujeres, las cuales eran señoras grandes, pero no podría decir sus edades; a dos niños de 13 a 18 años, y también a varios hombres de entre 30 y 55 años, a algunos se los habían traído de Piedras Negras, dice una de las declaraciones en poder de las averiguaciones de la Fiscalía.
Las personas eran trasladadas hasta este punto tanto por criminales, como por policías que aseguraban ser pagados con mil o dos mil pesos con aceptación bajo amenaza, mientras que los halcones vigilaban las entradas al poblado por 500 pesos.
Nos metimos a la fuerza, de ahí sacamos a su esposa, a su hijo más chico, siendo ayudados por policías, subiéndolos a la misma patrulla; luego nos los llevamos a la casa del rancho donde teníamos a los otros, luego fue sacarlos y llevarlos a la bodega para matarlos a todos disparándoles en la cabeza.
Una vez que los matamos a todos lo que hice fue rociar el diésel por toda la bodega con los cuerpos adentro (menciona que durante esta acción fueron asesinadas dos personas más). Después de esto le prendimos fuego con toda esa gente muerta al interior, y ahí estuvimos muchas horas hasta que cocinamos a todas esas personas, y por tanta lumbre hasta se derritió el techo de la bodega, afirma otro declarante en los documentos de la Fiscalía.
En la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió siete años después, acreditó la desaparición, detención arbitraria y homicidios, contra al menos 49 personas víctimas y seis menores de edad, cuyos delitos fueron perpetrados por al menos 33 personas del crimen organizado y policías de seguridad pública del Ayuntamiento de Allende.
De acuerdo con las declaraciones ministeriales, el rancho de los Garza funcionó como un campo de exterminio, de donde tres años después se recopiló una evidencia de 24 contenedores metálicos de 200 litros, de donde se obtuvo la totalidad de 794 fragmentos óseos, pero debido al grado de carbonización y calcinación de los mismos, fue descartado que los mismos estuvieran susceptibles a un análisis de reconocimiento de ADN.
Sin embargo, poco después, un operativo se extendió por toda la zona norte de Coahuila, y la Fiscalía General del Estado, en su unidad especializada como Subfiscalía de Personas Desaparecidas, , tuvo el hallazgo de dos mil 459 restos óseos, de los cuales resultaron 219 muestras biológicas y 15 perfiles genéticos que hasta hoy en día no han sido reclamados.
En la propia recomendación 10VG/2018, la Comisión hizo la revisión del actuar de las autoridades, considerando que todo el contexto fue causante de violaciones graves a los derechos humanos del poblado, aunque los activistas y familiares de personas desaparecidas de la región dicen que Allende fue quizá el acabose; lo que más se notó y resonó cuando se dijo que hubo 300 desapariciones. Pero esto, estaba sucediendo en Piedras Negras, Nava, Villa Unión, Morelos, etcétera, dicen.
Aun cuando las autoridades han aislado el caso y se han centrado en los hechos de un solo fin de semana, la justicia, todavía es un tema pendiente sobre el caso que ya ha traspasado las fronteras y los idiomas. Se hablaba de 300 personas desaparecidas, pero sin el cumplimiento de algunos puntos, la falta de integración de otras zonas cercanas en el mismo contexto, esta teoría todavía no puede ser avalada, ni tampoco desechada.
Dentro del documento publicado en el 2018, la CNDH emitió 44 puntos en los que se recomendaron acciones específicas para que la Fiscalía General de la República, el Gobierno del Estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el Gobierno Municipal de Allende solventaran la situación y cumplieran con los preceptos de la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición.
Sin embargo, aun cuando pasaron 12 años de los hechos y tres de la recomendación, en respuesta a una solicitud de información, la CNDH dio a conocer que del total de los 44 puntos emitidos, únicamente el 30 por ciento de los mismos han sido cumplimentados en su totalidad. Es decir, que las deudas del Estado permanecen vigentes, al menos en un 70 por ciento de la justicia solicitada.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, existen 18 detenidos, incluyendo quienes ya cumplen condenas, entre ellos 9 funcionarios públicos.
