La nueva Administración de Donald Trump, que asume en enero próximo, ya ha comenzado a hablar con las compañías privadas que operan los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para ampliar su capacidad, según reportaron fuentes familiarizadas con la planificación al canal NBC.
“Todo ese plan de ampliar las cárceles solo va a causar más muertes, enfermedades y daño psicológico entre los migrantes”, advirtió Rufina Reyes, portavoz de La Resistencia, organización que ha liderado los pedidos de cierre del Centro de Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma (Washington), donde el mes pasado murió el mexicano José Manuel Sánchez Castro.
Precisamente esta es la mayor preocupación de los activistas y grupos civiles que por años han denunciado las malas condiciones de estos centros de detención civil, que en su mayoría (158) son propiedad de las corporaciones CoreCivic y Geo Group.
Las dos compañías en conjunto tuvieron el año pasado ingresos por 7 mil 400 millones de dólares, incluido el ahorro en mantenimiento de sus instalaciones, para el que pagan a los detenidos en promedio un dólar por día.
Las ganancias de estos centros de detención se vieron afectadas por la pandemia de la covid-19 al tener que dejar en libertad supervisada a un buen número de inmigrantes, en muchos casos por órdenes judiciales.
Sin embargo, hasta el pasado 3 de noviembre los centros de detención de ICE tenían en su custodia a cerca de 39 mil inmigrantes indocumentados, según datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
Para ampliar la capacidad de ICE, el estado de Texas ofreció esta semana a Trump más de 500 hectáreas cerca a la frontera con México para un gran centro de detención de migrantes.
El plan de Trump también incluiría la apertura de centros en ciudades o regiones declarados ‘santuario de inmigrantes’ y centros para detener a padres con sus hijos menores de edad.
