El próximo 21 de noviembre iniciará la temporada de caza de venado cola blanca texano, que se extenderá hasta el último domingo de enero de 2026, informó Juan Guadalupe Garza Menchaca, titular de la Oficina Estatal del Medio Ambiente en Piedras Negras.
Este periodo marca no solo el arranque de una de las actividades más importantes para la economía rural del norte de Coahuila, sino también una oportunidad para destacar el papel de la caza regulada en la conservación de la fauna y el impulso al desarrollo de cientos de familias del campo.
Una derrama que impulsa el norte del estado
Durante la temporada se espera la llegada de más de dos mil cazadores extranjeros, principalmente de Estados Unidos, quienes pagan desde 2,500 dólares por trofeo hasta 10 o 15 mil dólares por cacerías guiadas.
Estos ingresos benefician directamente a ranchos cinegéticos, guías, choferes, cocineros, veterinarios, técnicos, hoteles, restaurantes y comercios locales.
En comparación, en Estados Unidos una cacería con un venado de calidad similar puede costar más de 10 mil dólares, lo que ha posicionado a Coahuila como uno de los destinos más competitivos y sustentables del continente.
Cazar para conservar
Contrario a la creencia popular, la caza responsable no destruye la naturaleza: la protege.
Los ranchos y Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) trabajan todo el año en el cuidado, alimentación y protección de las especies.
De acuerdo con la SEMARNAT, México cuenta con más de 14,500 UMAs que abarcan cerca de 39 millones de hectáreas, casi una quinta parte del territorio nacional.
En Coahuila existen más de 900 UMAs activas, que cubren 3.7 millones de hectáreas. En ellas, técnicos y propietarios monitorean poblaciones, regulan cupos de caza, controlan depredadores y mejoran el hábitat.
Gracias a estos esfuerzos, las poblaciones silvestres han aumentado y hoy los venados, borregos y otras especies viven más tiempo y en mejores condiciones. En pocas palabras: gracias a la caza responsable, hoy hay más fauna que hace 30 años.
Un modelo que genera empleos y protege el medio ambiente
La caza cinegética regulada no solo conserva especies: también genera economía.
Cada temporada, los cazadores que visitan México y Texas gastan en promedio 6 mil dólares por persona, beneficiando a comunidades rurales que dependen de esta actividad.
En Estados Unidos, los impuestos sobre armas y municiones, recaudados por la Ley Pittman-Robertson, generaron más de 1,000 millones de dólares en 2024. Esos recursos se destinaron a restaurar ecosistemas, financiar guardabosques y programas de conservación. Solo Texas recibió 45.7 millones de dólares para reforzar sus programas de vida silvestre.
De manera similar, en México las UMAs financian su operación con los ingresos de la caza legal, lo que garantiza que el dinero se quede en el campo y se reinvierta en el manejo de hábitats naturales.
Cuidar, invertir y respetar la vida
Los dueños de ranchos cinegéticos no solo cazan: alimentan, hidratan y protegen a las especies durante todo el año.
Construyen bebederos, comederos y refugios; realizan controles de población y estudios genéticos, y emplean tecnología de fototrampeo para mantener el equilibrio natural.
También contratan personal técnico, veterinarios, biólogos, guías y vaqueros, generando empleos permanentes en comunidades con escasas oportunidades.
Esta inversión privada complementa el trabajo de las autoridades ambientales, demostrando que la conservación y la productividad pueden ir de la mano.
Un compromiso con el futuro
Los cazadores y ranchos del norte de Coahuila trabajan bajo estrictos permisos, cupos y temporadas diseñados para no afectar los ciclos reproductivos ni alterar los ecosistemas.
Las autoridades supervisan cada aprovechamiento para garantizar la sostenibilidad y prevenir enfermedades como la Enfermedad de Desgaste Crónico (CWD).
Gracias a esta regulación, la caza legal se ha convertido en uno de los motores más importantes de la conservación y en una fuente legítima de sustento para las comunidades rurales.
En resumen
La caza regulada protege la vida silvestre. Cada ejemplar cazado legalmente financia la alimentación, reproducción y cuidado de muchos más.
Genera empleos rurales. Desde guías y cocineros hasta veterinarios y técnicos ambientales, miles de familias dependen de esta cadena productiva.
Conserva los ecosistemas. Los ingresos de la caza se reinvierten en infraestructura, restauración del hábitat y manejo responsable.
Es un modelo de economía verde. Permite vivir del campo sin destruirlo.
