Durante meses recientes se ha incrementado la violencia, presuntamente a manos del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Por Dominio Público
La aparente calma que se vivía en Chiapas y que los había colocado como el segundo estado más seguro del país, sólo después de Yucatán, se rompió con el asesinato de “El Jr.”, presunto líder del Cartel de Sinaloa en la entidad y sus escoltas, el pasado 7 de julio en Tuxtla Gutiérrez.
A partir de ese ataque, presuntamente a manos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se han desatado una serie de enfrentamientos, ejecuciones y desapariciones en el estado y aunque se habla de diferentes cifras de muertos, hasta ahora se desconoce el saldo real, pues la Fiscalía de Justicia del Estado, evita difundir información en aras de mantener la idea de que el estado está en calma.
En redes sociales comienzan a circular videos de ejecuciones, cadáveres apilados y audios amenazantes, fenómeno que no ocurría en esta parte del país. “Ya estamos como en Tamaulipas, con temor de salir a la calle”, dijo a Dominio Público un empresario preocupado por la inseguridad en la entidad.
A los enfrentamientos del crimen organizado, sobre todo en la franja fronteriza con Guatemala, hay que sumar los conflictos en otras partes del estado, quizá el más visible por ahora: el surgimiento de un grupo de autodefensas en Pantelhó, donde los indígenas que por años fueron víctimas de abusos y despojos, se organizaron para encarar a sus agresores, convirtiendo su deseo de justicia en venganza.
También en Chiapas, los pobladores padecen el incremento de delitos y la impunidad que trae consigo una frontera abierta, por donde literalmente pasa de todo sin ningún control: armas, drogas, combustibles y por supuesto migrantes.
Esto además de los constantes bloqueos carreteros de organizaciones sociales y pobladores que a la menor provocación cierran las vías de acceso a municipios importantes como San Cristóbal, Comitán y por supuesto Tuxtla, por problemas religiosos y supuestos reclamos sociales que se pueden resumir en una sola demanda: dinero.
En la zona fronteriza la situación es grave. Desde hace un par de semanas, pobladores de Comitán, viven en un virtual toque de queda. Después de las seis de la tarde son pocas las personas que se pueden ver en las calles. La razón, los enfrentamientos en el cercano municipio de Frontera Comalapa y las desapariciones de personas que se han dado a partir de ese hecho violento.
“No se habla de eso en los medios, pero han desaparecido muchas personas, hace poco levantaron a siete trabajadores de una constructora en Frontera Comalapa; en la Trinitaria ejecutaron a unos polleros que iban en una Hummer a la que le prendieron fuego, todos los días pasan cosas terribles por acá”, dijo a Dominio Público, un habitante de Frontera Comalapa.
En medio de la gravedad del problema, surge la posible colusión de Policías de todos los niveles con los delincuentes. Señalamientos que no han sido investigados por el gobierno federal, como el supuesto de que “El Jr.” contaba con policías como escoltas y que otros agentes participan en retenes del crimen organizado.
Y mientras la inseguridad crece, el gobernador Rutilio Escandón, guarda silencio. Ninguna referencia a la crisis que atraviesa su entidad en sus escasos eventos públicos.
No es casual que, en los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, Tuxtla Gutiérrez se coloque como la segunda ciudad del sureste mexicano con mayor percepción de inseguridad ciudadana, sólo por detrás de Cancún.
