Por: Arturo Ortiz Mayén
Hace unos días presentamos en Despierta con Loret un reportaje sobre el Censo de los Desplazados en Sinaloa, un estado donde la violencia del narcotráfico y recientemente el robo de oro en la zona de minas, han desterrado a cientos de familias desde hace más de una década.
Quienes han tenido que abandonar sus tierras con todo lo que ello implica, eligieron entre morir en su lugar de origen o sobrevivir en otros sitios, ajenos a su historia y en donde llegan, casi siempre, sólo con lo que llevan puesto.
La historia de cada una de las personas que padecen el desplazamiento forzado es un auténtico drama que no alcanza a explicarse en un reportaje.
Cada uno es una historia de sufrimiento, de dolor por tener que iniciar de cero sin quererlo, por vivir con miedo, enfrentando en muchos casos discriminación.
Este problema que tuvo su mayor cresta durante la llamada lucha contra el narcotráfico, que lanzó el ex presidente Felipe Calderón, lleva años sin ser atendido de forma integral.
Hasta este año el gobernador Quirino Ordaz dio muestras de querer atenderlo, pero tal parece que todo quedó en eso, puros intentos.
Primero aceptaron realizar un censo de desplazados que pidió en 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se gestionó un presupuesto de 30 millones de pesos para comprar terrenos en municipios como Mazatlán y Culiacán para ubicar a las familias desplazadas.
Hubo acercamientos y aunque los representantes de las familias desplazadas se mantenían escépticos vieron algunas señales que les dieron esperanza, cómo el hecho de que hubiera una vía de contacto con el gobierno del Estado a través de Alvaro Ruelas, quien fue hasta principios de este mes, secretario de Desarrollo Social.
Pero el panorama cambió. La salida de Ruelas se Desarrollo Social significó un alejamiento con los representantes de las familias.
Los acuerdos que se habían alcanzado quedaron en el aire. Por ejemplo, les habían dicho que buscaran terrenos en las zonas donde ahora viven las familias desplazadas para que el gobierno estatal los adquiriera.
Los desplazados ya tienen ubicados los terrenos y han negociado un precio más bajo, pero los recursos para comprarlos no fluyen y las reuniones se cancelan.
La más reciente, estaba programada para este viernes 21 de junio entre la comisión de Desplazados y el nuevo titular de Sedesol, Ricardo Madrid. Pero se canceló a unas horas de llevarse a cabo sin mayor explicación.
He platicado con varios de los representantes y su sentir es de decepción. Creen que otra vez serán relegados y los dejarán solos.
Este domingo un importante grupo, aglutinados en el Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), se manifestarán frente a un hotel en Mazatlán, que sostienen, es propiedad del gobernador.
La presión social, podría ser lo único que obligue a las autoridades a dar respuesta a este sector vulnerable que no pide más que ayuda para tener un espacio digno donde vivir.
