Por: Arturo Ortíz Mayén
El sistema penitenciario federal en México es otro de los frentes abiertos que tiene el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Existen 13 prisiones o Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) administrados por el estado y ocho cárceles concesionadas a particulares que se hacen cargo de todas las necesidades de los internos, muchos de ellos considerados de alta peligrosidad.
El problema es que el 70 por ciento del presupuesto del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social se destina a esas cárceles privadas que tienen un verdadero negocio redondo.
Con el 30 por ciento restante, el Estado tiene que administrar las otras 13 cárceles restantes que tienen casi la misma población que las particulares.
El modelo de prisiones privadas surgió en el 2010, durante la presidencia de Felipe Calderón, su nombre técnico es Centros de Prestación de Servicios (CPS) y en esencia consiste en que empresas particulares construyen la prisión y la administran a cambio de que el gobierno pague una cuota por cada lugar disponible en el centro concesionado.
Se paga por la capacidad completa de cada penal y no por el número de personas privadas de la libertad. Es decir aunque el penal este a la mitad de su capacidad, el gobierno paga como si estuviera lleno.
La Auditoria Superior de la Federación reportó en marzo pasado, que estos penales privados operan 43.2 por ciento por debajo de su capacidad, cuando el argumento para su puesta en marcha, era la falta de espacios para albergar a presos federales.
A pesar del alto costo que representan, los penales privados no brindan mejores condiciones que los Ceferesos del gobierno.
En 2016, la CNDH informó que los CPS de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas y el femenil de Morelos no tenían el personal médico suficiente y había deficiencias en suministro de medicamentos y falta de capacitación a custodios, entre otros problemas.
Antes, en 2014, Grupo ICA, una de las que edificaron estas prisiones privadas, buscaba vender su participación en las prisiones de Sonora y Guanajuato por 116 millones de dólares, por problemas económicos. El gobierno en ese entonces, negó la operación financiera.
Desde entonces, según la CNDH las condiciones de internamiento se degradaron de manera significativa.
Según los contratos firmados en 2010, los pagos a estos penales federales están comprometidos hasta el 2032, aunque el gobierno federal ya busca mecanismos para revertirlos y cambiar este negocio que ha beneficiado a unos cuantos.
